Tamaño desafío el que tiene el presidente Juan Manuel Santos, y con él, todo el país, ante las consecuencias derivadas del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que modificó los límites marítimos de Colombia.
De repente, y una vez escuchada la voz de los jueces internacionales, el país pareció darse cuenta de unas realidades que llevaban años ahí y con las que no se contó desde los centros de decisión política y diplomática.
Por ejemplo, de la riqueza nacional que había más allá de las cadenas montañosas y páramos donde se ubican los despachos desde los cuales se definen las políticas públicas. Una enorme extensión de mar que vinimos a valorar una vez se dictó una sentencia que nos mordió buena parte de nuestro desaprovechado patrimonio sobre el Caribe.
O de la presencia y voz poco escuchada de los raizales, de quienes por su dolida queja luego de pronunciado el fallo, podemos concluir que no fueron tenidos en cuenta en la elaboración de las estrategias de defensa adoptadas por el Gobierno central.
Y también se ha vuelto a levantar la pluralidad de voces que desde un principio se opusieron, con razones y argumentos que ahora suenan llenos de lógica jurídica, a que Colombia se resignara a someter las pretensiones nicaragüenses a la decisión del tribunal internacional.
Aparecieron también los registros documentales de los compromisos colombianos -al más alto nivel- de respetar el fallo de la CIJ, fuere cual fuere su sentido.
Y surgieron, sobre todo, las voces de profundo descontento con la forma en que la Cancillería y sus agentes en La Haya dirigieron todo el proceso. Esto es paradójico, pues desde la primera decisión, en 2007, era previsible para los internacionalistas el sentido de lo que iba a pasar. Y sin embargo, parece que nuestros responsables políticos no tomaron nota.
Ahora al presidente Santos le toca tomar una decisión que quedará inscrita en la memoria histórica de su Gobierno. No puede atribuírsele a él la pérdida de nuestra soberanía marítima sobre el Caribe, pues al asumir la Jefatura del Estado, ya el litigio estaba en la CIJ. Pero le corresponderá, ni más ni menos, decidir si acata el fallo.
Una decisión muy difícil, compleja, para lo cual requerirá de todo el apoyo nacional. Lo que nos jugamos como Estado con la resolución que se tome no es de poca monta. Y para eso, sería deseable que haya una unidad férrea, frente a la cual no se adopten posturas de aprovechamiento político, o peor, electoral, de la inconformidad de los habitantes del archipiélago de San Andrés Islas.
Muy distinguidos juristas han comenzado a hacer las glosas críticas frente a las omisiones, cambios de doctrina e inconsistencias de la sentencia de la CIJ. Todo este material deberá ponerse sobre el tapete, para ejercer las pocas vías procesales que le quedan al país para contener, en lo posible, los nefastos efectos de la pérdida de territorio.
Todas esas etapas habrán de surtirse. Así como deberán hacerse todos los debates que aclaren por qué el Estado colombiano terminó de esta manera en el litigio con Nicaragua.
No podemos estar de acuerdo con la solicitud de "no mirar atrás". ¡Claro que hay que mirar atrás… Necesitamos que los que tomaron decisiones las expliquen. Si bien la decisión final de los jueces de la CIJ no estaba en manos de nuestros representantes, sí lo estuvieron todas las decisiones previas de someternos a esa instancia. Y de ellas necesitamos razón y verdad.
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