Ha pasado a discusión en las plenarias del Senado y la Cámara el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional mediante el cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad. El proyecto tiene mensaje de urgencia y ya fue aprobado en primer debate por las comisiones Terceras. En su trámite en el Congreso, la iniciativa original ha sufrido algunas modificaciones en su articulado, haciendo que, en la práctica, deje de ser una minirreforma, como era la intención inicial, para irse convirtiendo en una reforma un poco más sustancial.
El proyecto presentado por el Gobierno propone eliminar, a partir del primero de enero de 2011, la deducción del 30 por ciento por inversiones en activos fijos reales productivos. También contempla, para 2011, la reducción al 10 por ciento de la sobretasa de energía para los usuarios industriales, y eliminarla en 2012. Además, se aumentan los controles para evitar, entre otros, la elusión en el impuesto del 4 por mil. Finalmente, se establecen disposiciones tendientes a mejorar el control de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), así como generar condiciones para avanzar en competitividad y formalización empresarial.
El interés del Gobierno Nacional de compensar a los sectores productivos, y en especial a los exportadores afectados por la revaluación de la moneda, lo ha llevado a adoptar una serie de medidas tendientes a reducir el costo de producción de las empresas. Además de la iniciativa sobre normas tributarias, la reciente reforma arancelaria hace parte de esas medidas.
La propuesta de la reducción y la eliminación de la sobretasa de energía para los usuarios industriales representa un alivio importante en términos de disminución de los costos de producción de muchas actividades manufactureras, en las que este recurso tiene un peso significativo.
Sin duda, la eliminación de los incentivos a la inversión en activos fijos que contiene el proyecto y que fue acordada con los empresarios, mejorará los resultados fiscales en una coyuntura en la que las finanzas públicas todavía no son muy sólidas, y permitirá que los recursos que así se ahorra el erario, se dirijan hacia áreas más apremiantes, como la generación de empleo.
En la propuesta gubernamental, lo referente al impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras se limita a controlar la elusión y asegurar el recaudo. A pesar de las reiteradas críticas a este gravamen, el mismo se mantiene, aunque, como resultado de los debates en el Congreso, ya hay acuerdos para su eliminación progresiva en el transcurso de los próximos años.
Persistiendo en lo prometido, el Gobierno Nacional no quiso poner a consideración del Congreso un proyecto de reforma tributaria más radical y completa que, como lo han destacado diversos estudios, el país necesita con urgencia. El grupo de expertos de la Regla Fiscal anotaba que "el actual sistema tributario colombiano es insuficiente para financiar el gasto e ineficiente a la hora de recaudar los tributos y tiene manifiestas deficiencias por la manera como están diseñados el impuesto sobre la renta, el IVA y el gravamen a los movimientos financieros".
Infortunadamente, la actual iniciativa tributaria presentada por el Gobierno no subsana estas falencias. Lo que con ella se pretende es realizar ciertos ajustes para satisfacer las necesidades de recaudo para los próximos años, no dejar que el déficit fiscal crezca, y aferrarse a una imprudente promesa de campaña que, frente a las necesidades del país, debería pesar menos.
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