Violación a la intimidad y uso politiquero de la medida son dos de los problemas que tendría el proyecto de ley que pretende obligar a los funcionarios de alto nivel del Ejecutivo a practicarse exámenes anuales para verificar su estado de salud.
El tema recobra importancia por cuanto hoy varios mandatarios y el Vicepresidente padecen enfermedades que los han alejado temporalmente del cargo y en algunos sectores se empieza a ventilar la necesidad de que se retiren para que atiendan sus dolencias.
El proyecto de ley, de autoría del senador del Partido de la U, Juan Lozano , y que ya está en tercer debate, pretende que el Presidente, Vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes y a la cúpula militar, se practiquen exámenes anuales para que se determine si están en capacidad física y psíquica de cumplir con la responsabilidad de sus cargos.
Pero los analistas no están tan convencidos. Por un lado, aseguran que puede ir en contra de la intimidad de la que gozan los ciudadanos de mantener en privado su salud e historia clínica. Y, por otro, se dice que quienes determinarían si hay incapacidad podrían prestarse a jugadas políticas.
No se rompe la intimidad
En el país, los funcionarios públicos siempre han gozado del derecho a la privacidad, sin embargo, para algunos analistas con este proyecto se viola ese derecho, obligando a publicar su estado de salud.
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry , el “solo hecho de mandarlos a hacer un examen anual es ya una restricción de la intimidad. Es como si a un empleado cualquiera, en una empresa, lo obligaran a hacerse cada mes un examen de sida. A pesar de que digan que será secreto es una violación a su privacidad”.
Al respecto, Lozano indicó que “esto no se hace para perjudicar a los funcionarios y sólo será público el dictamen sobre la incapacidad y no la historia clínica del servidor”.
Cree además que el proyecto es en beneficio de los dignatarios, que muchas veces “se les suelta un tornillo” y se quedan pegados al poder a pesar de su propia enfermedad.
“El poder es cruel y genera una situación de amarre que confabula contra su propio derecho a estar alentados. Uno ve mandatarios enfermos que por esa propia adrenalina que produce el poder, no se hacen tratamientos”, agregó.
Para los exmagistrados de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria y José Gregorio Hernández , la idea del proyecto de ley es válida y no importa si restringe la privacidad de los funcionarios, pues como dice Gaviria, “aquí importa más el interés público”.
Hernández, por su parte, cree que el proyecto se queda corto al pedirle solo el examen a la Rama Ejecutiva, pues debería extenderse al Procurador y al Fiscal, pues “es necesario saber que no están locos”.
El factor político
La segunda duda que ha girado alrededor del proyecto tiene que ver con el posible uso político. En el caso del Presidente, por ejemplo, el Senado tomaría las acciones en caso de que un médico declarara incapaz al Primer Mandatario.
“Esto se presta para que en una coyuntura diferente se arme un gran problema jurídico y político porque una enfermedad grave da para que lo saquen del cargo”, dijo Charry.
Lozano tampoco cree que eso suceda, pues la decisión estaría atada a lo que el médico indique que, en todo caso, es un profesional debidamente registrado ante una EPS, que en caso de equivocarse se sometería a las reglas éticas de los tribunales médicos. “Él determina si está en incapacidad o no, si lo está iría al Senado, si no, pues no pasa nada”.
Para el exmagistrado Hernández, el examen médico, incluso se volvería un nuevo requisito que hoy no existe para el Congreso. “Si está fundado en un dictamen médico, es mucho mejor para la certeza del país, no queda al libre albedrío del Congreso”.
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