Luego de un fuerte debate de seis horas de argumentos a favor y en contra, este miércoles fue archivada en la comisión sexta del Senado la propuesta de la llamada “ley antimonopolio” por una votación de seis a tres.
El proyecto de ley tenía como objeto establecer “los mecanismos de la intervención del estado para garantizar la competencia en los mercados de servicios móviles de telecomunicaciones de voz, datos y complementarios”.
En esos términos, buscaba poner límites a las cuotas de los operadores, como ocurre ya en el sector de energía, dar más herramientas al ente de control, la Comisión de Regulación en Comunicaciones (CRC), y asegurar mayores garantías de calidad del servicio y atención a los más de 40 millones de usuarios que hay en el país. Para esto último, entre otras, contemplaba endurecer las multas para que no sean hasta 2.000 salarios mínimos, sino con base en un porcentaje de los ingresos corrientes totales.
La iniciativa fue radicada desde octubre de 2012 con ponencia positiva que firmaron los senadores Eugenio Prieto Soto (Partido Liberal), Alexánder López Maya (Polo), Carlos Alberto Baena López (Mira) , Mauricio Aguilar Hurtado (PIN) y Olga Lucía Suárez Mira (Conservador).
Sin embargo, estos dos últimos parlamentarios, Aguilar y Suárez, decidieron sumarse a la proposición de archivo del senador Efraín Torrado García, de La U, idea que también respaldó su compañero de bancada Plinio Olano Becerra, así como el conservador Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez y el liberal antioqueño Luis Fernando Duque García.
Al momento de la votación no se encontraban presentes en el debate los parlamentarios Carlos Roberto Ferro Solanilla, Jorge Eliécer Guevara, César Tulio Delgado Blandón y Parmenio Cuéllar.
El proyecto de ley, después de unos ajustes técnicos hechos en las últimas semanas, contaba con el apoyo del Gobierno desde la CRC y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).
Incluso, el mismo presidente Juan Manuel Santos había requerido a esa cartera a inicios de mayo para que “tome cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala calidad”.
De igual manera, la iniciativa parlamentaria se presenta justo cuando las condiciones de mercado advierte la “posición dominante” de un operador (Claro), como lo estableció el ente regulador desde febrero de 2009, y después reafirmó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2011.
Según cifras oficiales, el mayor operador tiene el 62 por ciento abonados de telefonía móvil, registra más del 80 por ciento del tráfico de voz y el 75 por ciento de las utilidades del sector. En esas condiciones, casi triplica a su más próximo competidor Movistar (Telefónica), que dobla en cuota de mercado al tercero (Tigo).
Argumentos en contra
Quienes votaron en contra del proyecto plantearon varios argumentos. Por una parte, Ferro manifestó su desacuerdo con la metodología y la mecánica del proyecto, ya que no es "especifica" ni "exacta", y se le han modificado varios artículos, según registró la Oficina de Prensa del Senado.
Asimismo, la senadora antioqueña Suárez Mira y el boyacense Aguilar Hurtado, aclararon que el problema es de la calidad de los servicios de telefonías, de cobertura y también hablaron de la imparcialidad existente con las compañías telefónicas del país.
Por su parte, Pedraza afirmó su voto negativo a este proyecto, y dice que de apoyarlo tendría que aplicar la "desmonopolización del país". Y Duque García, planteó la inconveniencia del proyecto porque la CRC tiene las facultades para que organice estos mecanismos de competencia.
Los que están a favor
En contraste, el senador ponente Prieto Soto mostró la favorabilidad de la iniciativa, en coherencia con una amplia jurisprudencia de sentencias de la Corte Constitucional y recordó que las telecomunicaciones son un servicio público y requiere de la regulación del Estado para su adecuada prestación.
“La comercialización a través de la marca Claro de servicios soportados sobre redes fijas y móviles conlleva el riesgo de una concentración generalizada de los mercados de voz, datos y televisión paga, con lo cual se configuraría un cuasimonopolio en los servicios de TIC en Colombia”, señala la exposición de motivos del proyecto de ley.
En ese sentido, el senador Baena se refirió al oligopolio que se encuentra en Colombia, como una falla que daña el mercado y no hay libre competencia.
Después del debate, el senador Prieto Soto afirmó que “soy respetuoso de las mayorías y hemos defendido con argumentos constitucionales la conveniencia del proyecto para que los usuarios pudieran tener con estas medidas un mejor servicio, una atención digna y mejores tarifas”.
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