Esta semana debía conocerse una decisión judicial frente a la prohibición de la movilización de parrilleros hombres en Medellín. Ante el retraso del pronunciamiento, abogados demandantes de la medida y usuarios de moto, confían en que en los próximos días se conozca la determinación definitiva en el caso.
"El fallo debía estar listo para comienzos de esta semana, pero al ir a preguntar por él, manifestaron que el magistrado está atrasado. Estamos esperando que en cualquier momento salga la decisión de segunda instancia", señaló el abogado Juan Esteban Rodríguez, miembro del equipo jurídico de la empresa Incolmotos Yamaha.
Nicolás Arango, abogado de la misma compañía, demandó la medida al considerarla inconstitucional. La Alcaldía de Medellín apeló ante el juez 4 Administrativo, el fallo de primera instancia.
Rodríguez explicó que en la primera instancia el juez sostuvo que las medidas que tomen los alcaldes, no obstante ser los jefes de policía en su respectiva jurisdicción, deben ser razonables y atacar directamente el problema de criminalidad sin perjudicar a los motociclistas. Aludió también en el pronunciamiento a que se trata de una medida que debía ser temporal.
"Al fin y al cabo, la motocicleta es un vehículo para pasajero y conductor", subrayó el abogado.
Sirvió para disminuir delitos
A pesar del proceso en curso, desde el 30 de julio pasado se extendió la vigencia de la restricción en Medellín hasta el próximo 31 de diciembre de 2014. "La Administración Municipal ve que la medida es favorable para enfrentar el crimen", señaló el secretario de Seguridad de Medellín, coronel (r) Sergio Vargas Colmenares.
El funcionario dijo que el que se presenten demandas frente a las decisiones administrativas es un hecho común. "Y ellas son bienvenidas porque nos dan la garantía de que las decisiones tomadas son legítimas", apuntó.
Según registros de la Administración Municipal, esta medida restrictiva ha contribuido a disminuir en un 35,3 por ciento el hurto de carros y en un 25,5 por ciento el robo de motos desde que se implementó, el 30 de noviembre de 2012.
Mauricio Flórez Giraldo, fundador de la Veeduría de la Movilidad, considera que "la medida es un abuso, porque la Constitución para los estados de excepción limita la restricción a las libertades a un plazo de 30 días, prorrogables por otros dos periodos iguales". Flórez, quien lidera también la asociación No más Robo de Motos, cuestiona que el alcalde mantenga una medida restrictiva más allá de ese tiempo.
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