El proceso de reintegración a la vida civil de exparamilitares y exguerrilleros mantiene a 32.000 de estos exmiembros de grupos armados ilegales activos en programas de estudio y trabajo, mientras que un 12 por ciento de desmovilizados habría vuelto a delinquir.
Esas son las cifras que entrega Alejandro Eder Garcés, alto Consejero Presidencial para la Reintegración, para defender el proceso de reintegración y afirmar que, a pesar de las amenazas como las bandas criminales y la delincuencia común, son más los desmovilizados que cumplen que quienes volvieron a delinquir.
Partiendo de una población total de 55 mil desmovilizados de los grupos guerrilleros y las autodefensas, incluidos cerca de 3.000 que son judicializados en la Ley 975 de Justicia y Paz (jefes, mandos medios y acusados de delitos graves), la Alta Consejería para la Reintegración tiene activos en sus programas a 32.000 desmovilizados rasos.
"Unos 20.000 están en formación académica, pues más de la mitad tenían estudios solo hasta primaria, otra proporción menor tenía secundaria e incluso había analfabetas. Tenemos a 6.500 personas en formación para el trabajo y otros 9.000 trabajan", precisó el Eder.
Además, estos reinsertados asisten a talleres sicosociales y participan en proyectos comunitarios como parte de la reparación a la sociedad y las víctimas. Otros 8.000 desmovilizados de las autodefensas están "inactivos" en el proceso de reintegración. Es decir, que no asisten a talleres sicosociales ni accedieron a los programas de estudio o trabajo del Gobierno.
Estas personas deben acogerse a la Ley 1424 que da plazo hasta el 28 de diciembre de 2011 para que los desmovilizados ingresen al proceso de reinserción entreguen su versión para construir la memoria histórica del conflicto y participen en la reparación a víctimas.
Amenazas a la reinserción
Eder reconoce las amenazas que significan las bandas criminales y la delincuencia común para el proceso de reinserción en regiones como Bajo Cauca y Urabá.
"Un 12 por ciento de los desmovilizados integran las bandas criminales o la delincuencia (unas 6.000 personas)", afirmó el funcionario.
Según la Policía, unos 3.850 desmovilizados han sido capturados, judicializados y muchos condenados porque volvieron a delinquir. Otros 2 mil desmovilizados fueron asesinados en todo el país.
El segundo informe de la CNRR sobre la desmovilización, indicó en 2010, que el 17 por ciento de los desmovilizados de Auc se rearmaron con estos grupos, que hasta hace dos años se calculaban en 5.000 miembros.
Pero no solo los grupos ilegales son amenazas para la reintegración de los excombatientes ilegales, según Eder. "La estigmatización aún impide que consigan empleo y conocemos casos de personas que perdieron sus trabajos cuando descubrieron que eran desmovilizados. Hoy tenemos unas 800 empresas y fundaciones que apoyan la reinserción, pero hace falta más apoyo del sector privado".
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