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- Fue fundado por esclavos y ahora el pueblo busca que la Corte lo restituya.
- Las minas de carbón de Cerrejón crecieron en el terreno.
- Corregimiento de La Guajira que dejó de existir hace cuatro años.
Germán Jiménez Leal
Colprensa, Bogotá
Tabaco, el pueblo de José Julio Pérez, fue tragado por las minas de carbón de la Guajira hace cuatro años.
En el fondo de un socavón de 2.000 metros de diámetro y 200 metros de profundidad, reposan el legado de sus ancestros africanos, los recuerdos de su familia y las enseñanzas de sus abuelos, que ha intentado rescatar, sin éxito hasta ahora, en cuanto despacho judicial ha determinado admitir sus demandas.
La Corte Suprema de Justicia ha sido su última opción. En un recurso de súplica le ha pedido a los magistrados reabrir el caso y hacer cumplir un fallo de tutela que obliga al Alcalde de Hatonuevo, Guajira, el municipio que tenía jurisdicción sobre Tabaco, reconstruir el tejido social de una comunidad que por 225 años vivió, murió y sembró en esa región y de repente lo perdió todo.
Según José, un negro robusto de 50 años y quien asumió la representación de su pueblo, la administración de Hatonuevo no ha querido cumplir el plazo perentorio de 48 horas dado por un juez de Riohacha el 7 de mayo de 2002 para que iniciara la reubicación de 3.200 hombres, mujeres y niños que conformaban las 480 familias de Tabaco, el cual debía incluir proyectos de vivienda, educación y salud.
Su gente está desperdigada por todos los municipios de la región. La mayoría están desempleados deambulando por Albania, Barrancas o Riohacha. Para otros, Valledupar, en el Cesar, se ha convertido en su refugio y algunos optaron por pasar la frontera y refugiarse en Venezuela.
La Nación decidió expropiar sus tierras en agosto de 2001 al considerar que eran invasores de un terreno declarado de utilidad pública y social. Sólo que ese predio, que en los documentos figuraba como baldío, desde 1984 había sido declarado corregimiento y contaba con una plaza principal rodeada por rústicas casas de palma y bahareque, una escuela, un puesto de salud, una oficina de Telecom y una centenaria dinámica social y económica. Lo único que les faltaba era la iglesia.
Cansados de esperar las promesas de los políticos en época de elecciones decidieron reunirse y pedirle al primer alcalde popular de Hatonuevo, Jaime Gómez, el cumplimiento de sus compromisos por adelantado.
Así fue como el político, de candidato, financió la construcción de la capilla sobre terrenos donados por los tabaqueños. La comunidad trató hasta último momento defender su patrimonio pero nunca tuvieron con que probar su posesiones.
Desde los esclavos
Desde niño, José escuchó de sus padres y de sus abuelos el origen de Tabaco. Según la tradición, el pueblo fue fundado en 1780 por un grupo de negros africanos que sobrevivieron al naufragio del galeón español que los trajo a América para venderlos como esclavos.
Liberados de sus cadenas, los negros se asentaron sobre la rivera del río Ranchería sembrando, criando ganado y transmitiendo su cultura por la palabra y la tradición. Lo mismo hicieron con sus tierras, las heredaron de padres a hijos pero jamás fueron denunciadas ni se preocuparon por titularlas. La tierra cambió de dueño, en negocios en que lo único empeñado era la palabra.
José, quien poseía una finca de 85 hectáreas, como el resto de su gente nunca se preocupó por escriturarlas.
Ni la tradición ni la palabra bastó cuando Carbocol solicitó al Ministerio de Minas la declaratoria de la utilidad pública y social de Tabaco.
Detrás de esa solicitud había una millonaria negociación entre la Exxon Móvil y un consorcio compuesto por las multinacionales BHP Billiton Anglo American y Glencore, por las minas de El Cerrejón.
Desde 1975, Tabaco quedó bajo la sombra de las minas de carbón del Cerrejón.
En ese año fue instalado un campamento a un kilómetro del pueblo. Con los mineros llegó la contaminación, el ruido y el inmenso hoyo que poco a poco avanzó a hasta rodearlos a menos de un kilómetro del pueblo. Nueve tutelas y una acción popular fueron instauradas por la gente de Tabaco para recuperar su tranquilidad pero ninguna acción prosperó, recordó José.
Perdieron hasta la iglesia
A las ocho de la mañana del 9 de agosto de 2001 se hizo efectivo el alzamiento de los habitantes de Tabaco. Un contingente de 500 efectivos de la Policía y el Ejército rodeó el caserío, sacó a la gente de sus casas e impidió que se acercaran de nuevo. Los tabaqueños intentaron refugiarse en la iglesia, pero encontraron que la casa de Dios había pasado a ser propiedad de Carbocol. El párroco dispuso de ella y la vendió por 38 millones de pesos a la empresa.
Las dos únicas casas que quedaron en pie, la del corregidor Juan de la Rosa Pérez Díaz, y la de Pedro Romero, fueron tumbadas después por orden del Alcaldía de Hatonuevo para rescatar el espacio público.
José y sus paisanos debieron después reclamar lo que quedó de sus enseres en una bodega del municipio. Algunos de sus animales aún pastan en los alrededores de la mina, sólo que jamás pudieron disponer de ellos por estar al otro lado de la cerca que demarca la mina.
José y sus vecinos instauraron la tutela que obligaba al Alcalde de Hatonuevo a reconstruir el pueblo. Sin embargo, la administración municipal jamás cumplió el fallo. En vista de esta actitud, el Tribunal Superior de Riohacha sancionó al mandatario local de ese momento, Enaimen Rodríguez Ojeda, con cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos mensuales (dos millones de pesos) por desacato.
El alcalde Rodríguez Ojeda pagó la multa y justificó el cumplimiento de la orden judicial con un proyecto que pondría en marcha en un terreno de 57 hectáreas donado por la empresa Carbones El Cerrejón para reconstruir Tabaco. Sólo que estos predios, conocidos como Ojo del Medio y Los Mayalitos, hacen parte del asentamiento del resguardo indígena Lomamato.
José no pierde la esperanza, confía que los magistrados de la Corte Suprema lograran que los antiguos habitantes de Tabaco, igual que sus antepasados africanos dos siglos atrás, alcancen la playa y en tierra nueva vuelvan a contar con el pueblo que perdieron en el inmenso socavón de una mina de carbón.
Expropiación de acuerdo a la ley
Cerrejón tiene esta versión sobre los hechos en Tabaco:
"En 2001/2002 en Tabaco, durante el proceso de adquisición de tierras y mejoras de 213 poseedores, se logró un acuerdo directo con 192 de ellos (90 por ciento), opción que había escogido la mayoría (95 por ciento) de la comunidad en el estudio previo realizado. El 10 por ciento restante, es decir las 21 posesiones que no llegaron a ningún acuerdo, fueron adquiridas mediante procesos de expropiación ordenados por los jueces de la República, de acuerdo con la ley minera. Posteriormente, se negociaron con el Municipio de Hatonuevo las mejoras públicas, entre ellas la escuela. El representante de la Junta Pro-Reubicación de Tabaco instauró una acción tutela contra el Municipio, la cual fue decidida por la Corte Suprema de Justicia, ordenando al Alcalde construir la infraestructura de vivienda y educación primaria para los hijos menores del grupo minoritario demandante. A este respecto Cerrejón ha ofrecido su colaboración al Municipio para contribuir con este propósito.
Basado en estas experiencias, Cerrejón ha revisado sus procesos en el manejo de estos casos, de manera que la integridad familiar y los valores culturales de la comunidad involucrada sean preservados", asegura la entidad en su página de internet.