El reto que tiene el nuevo mandatario de los colombianos no es fácil. Debe enfrentar los grandes problemas que ha acumulado el país en décadas: la pobreza, la tenencia de la tierra, el desempleo y la corrupción.
Santos inicia su ruta con una popularidad del 76 por ciento y un discurso incluyente y conciliador. Es desafiante, al presentar una agenda muy ambiciosa que de ejecutarla lo desgastaría muchísimo. Pero parece estar dispuesto a ese riesgo.
A juzgar por el discurso de posesión, pisará callos en temas como la redistribución de tierras; "para que regresen a manos campesinas, a las de los que de verdad las trabajan con vocación y sudor", dijo. Esto indica que tendrá una vocación reformista; me recuerda a los movimientos estudiantiles del sesenta, como el Moir, cuya consigna era "la tierra para el que la trabaja".
Santos busca eliminar la concentración de las tierras fértiles que han quedado en manos de los narcotraficantes y paramilitares. Con criterio de Unidad Nacional, recoge una de las propuestas del ex candidato presidencial Gustavo Petro, quien certeramente lo ha resaltado como una de las causas del conflicto armado.
Esta propuesta de redistribución de tierras evoca con mucho sentido la frase de que, "quien no conoce la historia, está condenado a repetirla". Justamente, un recorrido histórico permite reconocer todas aquellas luchas agrarias, sindicales y campesinas, que desde los años veinte se dieron en regiones de grandes extensiones de tierra, y que lamentablemente propiciaron el origen de grupos armados liberales y comunistas.
En Viotá, Cundinamarca, el levantamiento de una comunidad agraria, inspirada por el comunismo y la defensa armada de la tierra, gestó a las Farc. El conflicto agrario sirvió para escalar la violencia y alejar a los revolucionarios de las ciudades. Igual pasó con los paramilitares, que finalmente, como las Farc, terminaron dominados por el narcotráfico y el terrorismo.
Si la guerrilla fracasó como proyecto revolucionario, el Estado también lo hizo desde su obligación porque, en casi 40 años, fue incapaz de prevenir y resolver los alzamientos. Este fracaso se debe a que el conflicto también fue marginal para la clase dirigente. Los gobiernos no lo abordaron de modo prioritario e integral, pese a su gravedad, complejidad y persistencia.
De hecho, durante muchos años la elite gobernante vio el conflicto armado como una matazón lejana de campesinos sectarios. Un informe nacional de desarrollo humano para Colombia señaló que "el conflicto golpeó el centro del sistema político y obligó a los distintos gobiernos a ensayar fórmulas improvisadas y ciclotímicas".
Una de estas fórmulas fueron los diálogos de paz del Caguán, en los que las Farc aprovecharon la debilidad gubernamental para fortalecer su aparato político, militar y económico. Allí faltó política de Estado y sobró activismo del gobierno.
Pero de parte de los gobernantes, también ha habido grandes esfuerzos para resolver el conflicto. El presidente Uribe, por ejemplo, evitó que la insurgencia avanzara a la guerra de posiciones y logró replegarla y disminuirla. De otro lado, las fuerzas armadas tienen más campo de acción y se han modernizado.
Con Santos, parece ser que la lucha contra la guerrilla se mantendrá en el marco de la Seguridad Democrática, pero ya no será la bandera de su programa. Ahora, esperamos que asuntos como el de la tenencia de tierras, que tantas expectativas ha creado en las víctimas de los paramilitares, no se convierta en una nueva frustración.
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