En octubre de este año, no solo elegiremos gobernadores y alcaldes, también renovaremos las asambleas y concejos. Y aunque siempre se vende cada elección como la gran oportunidad de poner en esos cargos a los mejores para incidir en la calidad de vida del ciudadano corriente, vemos que en las corporaciones públicas realmente no se producen variaciones trascendentes y se dan cambios de paisaje nada más: es decir, salen algunos de un partido y entran de otro, pero hasta ahí.
Lo que sí marcaría una verdadera transformación en la vida de estos entes de control político es regresar al esquema anterior de corporados ad honorem que prestaban sus servicios a la ciudad, sin que mediara un pago por asistencia a sesiones, como ocurre en la actualidad; y sin que tuvieran que hacerle mantenimiento a una clientela, gastándose su tiempo en hacer fila frente al despacho de los secretarios para conseguir obritas en los barrios donde tienen sus fortines.
La palabra 'obritas' del párrafo pasado, que suena despectiva sin que esa sea la intención, no debería retirarse del diccionario de la gestión pública, ni mucho menos; pero si nos acogemos a la idea de proyectar una ciudad con vocación de grandes cosas, tendríamos que dejarles su manejo a los ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL), que son quienes conocen las verdaderas carencias de sus comunas. Ellos son los que las padecen y deberían llevarse los laureles con sus vecinos al promover soluciones.
Y los concejales y diputados, a pensar en grande como se hacía antes y como hacen algunos poquitos todavía, hay que reconocerlo; sin embargo lo que no podría perderse es el contacto diario con las comunidades que se ha logrado en el modelo actual.
En 2009 se trató de regresar a la figura de concejales sin remuneración, pero el argumento esgrimido no fue el adecuado: los congresistas que movieron la iniciativa decían que la idea era ahorrarles esos honorarios a los municipios, por la mala situación fiscal en la que estaban. Este no es un tema de plata, sino de aprovechamiento de esos cargos.
Imaginemos cómo sería Medellín con un Concejo compuesto por empresarios, académicos e investigadores sociales que dos o tres días a la semana salgan de sus oficinas y universidades a las 4 de la tarde a pensar en volver más grande su ciudad, y que los contactos que han hecho en el mundo sean contrapartes con las que se discuta la inseguridad, el caos de movilidad, soluciones para el aire contaminado, entre otras cosas; en vez de dedicar sesiones enteras a debatir sobre el estado de las aceras de un barrio en particular.
A veces cuando se escribe este tipo de columnas uno sabe de antemano que en la otra orilla hay grupos organizados como la Federaciones Nacional de Concejales y equipos políticos en expansión que se ríen a la vez que las van leyendo; pero de todas formas es un ejercicio que va en sintonía con la realidad de hoy: países como Argentina, Venezuela y Bolivia han empezado a discutir seriamente esta posibilidad.
Y como no faltará quien diga en medio de una sesión que se quiere acabar con la representación de las comunidades para meter la oligarquía al Concejo, reitero lo expuesto antes: si le damos dientes a las JAL en articulación directa con los municipios, ellos se encargarán de las obras del día a día en los barrios, como debe ser. Mientras tanto los concejales demuestran que no calientan una curul por recibir honorarios o por las gestiones que realizan con los secretarios de despacho; y al contrario proyectan la ciudad hacia el futuro.
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