Hace cinco meses, cansado de "jornalear" en fincas ajenas, Jairo recordaba con rabia y nostalgia que hasta 1997 su familia era dueña de cientos de hectáreas de tierra en Chibolo (Magdalena). Tenía ganado y cultivos, pero el hambre de tierra de paramilitares y cómplices les cambió esa abundancia por desgracia y miseria.
Con sus cinco hermanos y su madre decidió regresar al predio del que fueron desplazados por amenazas de paramilitares del bloque Norte de las Auc, el 18 de diciembre de 1997.
De la finca El Silencio no quedó rastro de la casa ni de los cultivos y animales que abandonaron por miedo. Solo quedaban dos trabajadores de un "patrón" que nunca regresó a esos terruños despojados y convertidos en rastrojos.
Sin título se "apropiaron" del predio para intentar levantar de nuevo la finca y no deambular más como desplazados. Allí los tomó por sorpresa la noticia que esperaron tanto tiempo.
El pasado miércoles, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, anunciaron la revocatoria de 53 resoluciones de adjudicación de 4.000 hectáreas de tierra, despojadas a 150 familias, que fueron entregadas en forma ilícita por el Incora a testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", exjefe del bloque Norte de las Auc (extraditado a E.U.).
"En Chibolo funcionó la central del crimen de 'Jorge 40'. Cuando llegaron ahí salieron campesinos amedrentados, abandonaron parcelas de las que luego los paramilitares tomaron posesión ilegítima. Se presentaron al Incoder, cooptado por el paramilitarismo en esa época, y readjudicaron las tierras a sus fichas por supuesto abandono de los terrenos", reconoció Restrepo.
Historia del despojo
Las familias desplazadas de Chibolo recuerdan que abandonaron "con lo que teníamos puesto encima" las tierras que les adjudicó el Incora, por reforma agraria, en 1991, en las veredas El Encanto y Bejuco Prieto.
"Los 'paras' llegaron a la finca y nos dijeron que teníamos 24 horas para salir de esa zona. Se metieron y se llevaron las 67 reses que teníamos, dejamos todo: animales, cultivos de yuca, maíz y ajonjolí. Lo perdimos todo", recordó Jairo, quien tenía 11 años en ese momento.
A pocos kilómetros de allí, hombres armados del Bloque Norte de las Auc llegaron a la finca La Pola y reunieron a los campesinos de los predios La Pola, La Palizua y El Encanto y les dieron 15 días para abandonar la zona.
Según las autoridades, ganaderos, familiares de paramilitares y hasta concejales de Chibolo se apoderaban de miles de hectáreas abandonadas bajo la amenaza de "vende o le compramos a la viuda".
"Tenía 11 años. Era el mayor de seis hermanos y me tocó vender bollo en la calle, jornaliar y arriar leche en fincas para sobrevivir. Fue muy duro eso y ver a mi mamá lavando y planchando en casas ajenas", recuerda Jairo.
A esa vida de subsistencia lo llevó no solo el desplazamiento, sino la desaparición forzada de su padre, Jairo Enrique Charry, en octubre de 1998, un año después del despojo. "Los 'paras' lo citaron para negociar la finca y nunca regresó".
A pesar de la restitución de 53 predios en Chibolo y de que algunos desplazados empezaron a retornar, otros temen, pues algunos poseedores "han dicho que no se van a dejar sacar de esas tierras así de fácil".
Obstáculos para restituir
Este emblemático caso comenzó a resolverse en enero pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Incoder la revocatoria de 32 títulos en 30 días.
El fallo dejó en evidencia que la restitución de tierras enfrenta obstáculos legales y de administración de justicia. Según el Alto Tribunal, pese a que el mismo exjefe paramilitar desmovilizado, alias "Jorge 40", confesó en versión libre el despojo, "la Unidad de Justicia y Paz no ordenó medidas para devolver las tierras a sus legítimos propietarios".
También por solicitud de la CSJ, la Unidad de Antiterrorismo de la Fiscalía inició investigación preliminar contra exfuncionarios del Incora, el Incoder, registradores y notarios de Magdalena por supuesta falsedad en documento público.
Pero las trabas a la restitución aparecen por todos los flancos legales y administrativos y suponen un reto para el Gobierno, que pretende devolver 2,5 millones de hectáreas usurpadas por autodefensas, guerrillas y narcotraficantes.
El ministro Restrepo indicó a este diario que desde octubre pasado se revisan 147 casos en los que hay indicios de irregularidades de exfuncionarios. Según él, se resolverán "mediante revocatorias de títulos, extinción administrativa del dominio y recuperación de baldíos indebidamente ocupados. La meta es abordar 400 casos más durante 2011. Así, unas 2.000 familias se beneficiarán con estos procedimientos del Incoder". (Ver entrevista).
Hasta muertos vendieron
Si bien hay buena voluntad del Gobierno, la restitución no es un camino fácil y hasta ahora las medidas son administrativas y no resuelven la situación de miles de desplazados que llevan años luchando en los estrados judiciales por sus tierras, como la familia Cardona Higuita.
El 25 de diciembre de 1997 los paramilitares asesinaron en Urabá al ganadero Hernando Cardona Higuita. A mediados del 2000 su firma apareció, tres años después del crimen, en las escrituras de venta de tres fincas ubicadas en Mutatá.
Gracias a este evidente fraude, en que hay indicios de complicidad de notarios, según la Fiscalía, las fincas Casa Mía, El Roble y Alto de los Almendros, en la vereda Los Cedros (Mutatá), quedaron anexadas a miles de hectáreas dedicadas a la siembra de palma aceitera y a la ganadería.
"Mi padre no quería vender y lo mataron, luego nos sacaron de la finca con amenazas, se robaron el ganado y nos desplazamos. Esperamos que la justicia nos devuelva lo que nos arrebataron", reclamó uno de sus hijos.
Eso no ha sido posible por vía judicial, a la que recurrió la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en Antioquia, para cancelar unos 20 títulos fraudulentos, que involucran a testaferros de Raúl Hasbún, alias "Pedro Bonito", y Freddy Rendón, alias "el Alemán", exjefes de las Auc en Urabá. Al menos en tres ocasiones, durante 2010, las audiencias se suspendieron ante la negativa de un magistrado de Justicia y Paz de cancelar los títulos, al declararse "incompetente" para resolver los casos que, según él, corresponden a jueces de conocimiento.
Según el Área Jurídica de la CNRR en Antioquia, el problema se debe a que no hay normativa judicial bajo principios de justicia transicional que agilicen los procesos de reclamación de tierras. "Hasta ahora, las reclamaciones de tierras se hacen a través de la justicia ordinaria, con procesos lentos y llenos de trámites que tardan años en resolverse".
La esperanza para destrabar la "maraña jurídica" es el capítulo de restitución de tierras del proyecto de Ley de Víctimas que cursa en el Congreso de la República. Allí se establece la creación de salas de restitución agrarias. Éstas actuarán, según el proyecto, invirtiendo la carga de la prueba en los litigios por la propiedad de predios entre víctimas reclamantes y los actuales poseedores.
Esto plantea que serán los propietarios de terrenos, en zonas donde ocurrió el mayor despojo de bienes, los que deben demostrar que adquirieron las tierras lícitamente.
Amenazas y asesinatos
A las trabas jurídicas se suman las amenazas y asesinatos de reclamantes que, según Carmen Palencia, presidenta de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras, frena el retorno de los desplazados. "Muchos tienen miedo de reclamar. Van 44 líderes asesinados desde 2002, ocho de ellos de nuestra asociación y muchos amenazados, que, incluso, tuvimos que reubicar en otras regiones".
El Gobierno reconoce el problema y por eso presentó el pasado miércoles el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, en el que Policía, DAS, Ministerio de Defensa y Acción Social definirán medidas de protección. Ese mismo día se reveló que en 520 municipios del país hay riesgo para los desplazados.
"El primer mapa de riesgo nos indica que hay cuatro municipios en riesgo extraordinario, 58 en alto, 16 en medio y 445 en bajo", aseguró el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.
Los cuatro municipios en riesgo alto son Apartadó, Turbo, Tibú y Carmen del Darién. El tema, puede decirse, tiene aún mucha "tierra por cortar".
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