Los abogados defensores de Moreno y Quintero coincidieron en que a estas alturas del proceso, es casi imposible presentar dichas pruebas no sobrevinientes.
Luego de que el juez 11 de conocimiento de Bogotá negara a la Fiscalía la inclusión de algunas pruebas técnicas en el proceso que se adelanta contra Laura Moreno y Jessy Quintero, investigadas por la muerte de Luis Andrés Colmenares, Martha Lucía Zamora, representante del ente investigador apeló la determinación.
Zamora, fiscal cuarta delegada ante la Corte, apeló dicha decisión y ahora la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá, corporación que determinará si se incluyen o no el material solicitado por la defensa de la familia Colmenares a través del ente investigador.
El abogado de víctimas, Alejandro Cadena, coadyuvó a la solicitud de Zamora al considerar que sus representados tienen derecho a que dichas pruebas sean estudiadas en el proceso, lo que permitiría llegar más fácil a la verdad de lo ocurrido.
Por su parte Jesús Yépez, defensor de Quintero, aclaró que está de acuerdo con la decisión del juez de no aceptar el material probatorio y que nunca se mostró a favor del descubrimiento de los informes técnicos de la Fiscalía.
Jaime Granados, quien representa a Moreno, apoyó que el funcionario judicial no aceptara el material probatorio, por considerar que “hay que buscar la verdad”, pero que ésta no puede ser conseguida a cualquier precio.
Los dos abogados defensores coincidieron en que a estas alturas del proceso, es casi imposible presentar dichas pruebas no sobrevinientes, dado que sería un castigo para su controversia porque se les obliga a buscar herramientas y testigos con el fin de contrarrestar los argumentos de la Fiscalía.
Para los juristas, la Fiscalía incurrió en una omisión al no realizar dichas pruebas cuando le fueron solicitadas por el abogado Jorge Luis Escobar, quien para ese entonces representaba a los Colmenares. Además los abogados aseguran que la defensa de la familia incurrió en el error de no manifestar, durante la audiencia de acusación, que sus pruebas no habían sido tenidas en cuenta.
“La palabra hay que pedirla, se la pudieron haber negado, pero esto no lo sabemos porque nunca pidió la palabra para indicar que existían o conocían de estos elementos materiales probatorios, la Fiscalía tampoco lo hizo”, aseguró Granados.
Pero para Zamora, no hubo negligencia sino falta de personal para desarrollar las pruebas periciales, por lo que se recurrió a la empresa de Acueducto de Bogotá para que midiera el caudal del caño El Virrey, donde fue encontrado el cuerpo de Luis Andrés y al Hospital de la Misericordia, especialista análisis a víctimas de este tipo.
Las pruebas
En su solicitud, Martha Lucía Zamora planteó que el “31 de mayo pasado la Fiscalía cuarta recibió el proceso, y estando en esa revisión, encontraron que el 4 y 7 marzo del 2011, el entonces abogado de la familia Colmenares, Jorge Luis Escobar, entregó un escrito en donde solicitó a la Fiscalía decretar algunas pruebas. Se trata de una inspección judicial con un físico y topógrafo del sitio de caída de la víctima, la distancia dónde fue encontrados y el diámetro del lugar. También se solicitaba si el caudal de agua del caño de 10 centímetros, puede desplazar un cuerpo de 75 kilogramos”.
La Fiscal también se refirió a que el ente investigador, en ese entonces, dejó pasar por alto otra petición de Escobar, quien además es tío de la víctima, de realizar una inspección judicial con peritos para que se realizara un estudio de tercera dimensión del sitio de caída y el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Colmenares, por lo que es oportuno corregir el error.
Mientras se realiza el trámite en el Tribunal de Bogotá, la audiencia preparatoria al juicio de las jóvenes quedará pospuesta hasta que se defina la suerte de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y las víctimas.
Laura Moreno es procesada por el delito de homicidio en coautoría impropia y Jessy Quintero por las conductas punibles de falso testimonio y encubrimiento. Las dos se encuentran privadas de la libertad con detención domiciliaria desde el 6 de octubre de 2011.
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