La disputa de 20 años entre los Socios de la Corporación Los Manglares Country Club (Asomanglares) y el representante legal de la Promotora Taroa tuvo su última palabra el pasado seis de noviembre, cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín dictó sentencia absolutoria a dicha promotora.
Los asociados de Asomanglares denunciaron ante los medios que la Promotora Taroa, en cabeza de José Gabriel Villa, como representante legal, había cometido irregularidades en la puesta en marcha de un proyecto vacacional, en el cual ellos participaron inicialmente.
La historia se remonta a 1989 cuando se convocó a más de mil personas a hacer parte de un proyecto turístico en el que, en principio, los asociados podrían tener propiedad sobre la tierra.
Luego, según Luis Aníbal Restrepo, vocero de Asomanglares, "José Gabriel Villa cambió unilateralmente las condiciones del contrato e incumplió con varios aspectos contemplados en el proyecto inicial".
Restrepo se refiere a tres: Uno, la copropiedad de la tierra desapareció en un contrato posterior para convertirse en uso y disfrute. Dos, de los tres centros turísticos, en Santa Marta, Guatapé y Melgar, solo se ha construido el primero, en un 45 por ciento de su alcance inicial. Y tres, que de los mil socios iniciales, el proyecto ahora tiene 4.500.
Sin embargo, luego de una larga batalla jurídica, la última instancia en pronunciarse fue el Tribunal Superior, confirmando fallo absolutorio por estafa a Villa, proferido previamente por la Fiscalía y el Juzgado 13 Penal.
Los 35 miembros de Asomanglares insisten en que con ellos se cometió una injusticia puesto que perdieron un capital aportado para la construcción de dicho proyecto vacacional.
José Gabriel Villa, por su parte, dice que en su proyecto turístico tiene 3.600 socios que se han manifestado satisfechos con los servicios.
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