Acaba de darse a la luz pública el informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del PNUD sobre desigualdad.
Su importancia radica en que se constituye en una voz de alerta, al mostrar cómo nuestra región es la más desigual en el mundo en ingreso per cápita comparado con otras regiones del mundo.
Diez de los 15 países más desiguales del mundo están en nuestra región y Colombia es uno de los más desiguales, junto con Bolivia, Haití, Brasil y Honduras. El informe también da una serie de recomendaciones y muestra el camino para superar tan lamentable situación.
Señala que la desigualdad es persistente y se reproduce, es decir que se trata de un círculo vicioso que no es posible romper, a no ser que se cuente con políticas integrales que permitan atacar sus causas estructurales, en especial aquellas "de origen político y social que reflejan factores históricos, falta de igualdad de oportunidades y de acceso a las relaciones de poder, con situaciones de exclusión, opresión y dominación".
A lo anterior se suman "fallas institucionales que derivan en corrupción y captura del Estado por grupos minoritarios". Una buena descripción de lo que sucede en nuestro país y una de las razones para que ocupemos semejante lugar.
Me ha llamado especialmente la atención que los grupos sujetos a la mayor exclusión, detectada por el informe, son las mujeres y las minorías étnicas, en particular los grupos indígenas.
En pasadas columnas ya me he ocupado de compartir con los lectores la difícil e inaceptable crisis humanitaria por la que atraviesan las comunidades indígenas de nuestro país, hasta el punto que muchas de ellas se encuentran en vía de extinción, tal como lo ha definido la Corte Constitucional en sus Sentencias y Autos que obligan al Estado a actuar de manera efectiva para evitar semejante tragedia.
Según el informe, para romper el círculo vicioso de la desigualdad no solo es suficiente atacar la pobreza, uno de los más grandes problemas de nuestro país, sino formular e implementar políticas públicas integrales enfocadas específicamente a reducir las desigualdades.
Aquí es importante entender que para alcanzar la igualdad se requiere garantizar espacios para el goce de libertades efectivas, para que cada persona pueda elegir sus opciones de desarrollo propio con autonomía pero también se requiere calidad y eficacia en la representación política y una justa capacidad redistributiva del Estado.
Para el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos el informe del PNUD se constituye no solamente en uno de sus principales retos, sino en una guía y una gran oportunidad para la transformación efectiva del país, como parte de su compromiso para alcanzar la prosperidad democrática. Uno de los cambios estructurales requeridos tiene que ver con la posibilidad de garantizar los derechos constitucionales de las minorías étnicas y hacer una realidad el sentido de Nación multicultural y pluricultural, tal como lo promulga nuestra Constitución.
En la actualidad, esos derechos se ven vulnerados ante la ausencia de la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT-, presentada en 17 oportunidades por los consecutivos gobiernos nacionales a estudio y aprobación del Congreso de la República, recinto de los padres de la patria donde ha sido imposible su trámite.
Sin la LOOT, las minorías étnicas nunca podrán alcanzar con plenitud la autonomía y el goce pleno de los derechos que les confiere nuestra Carta Política.
Ahora, cuando celebramos el Bicentenario del Grito de Independencia, es el momento y se hace indispensable que se corrijan muchas de las causas de las inequidades en nuestro país, entre esas la LOOT.
Ojalá así lo entienda el nuevo gobierno y también el Congreso de la República, uno de los tres poderes públicos que tiene una gran deuda con todos los colombianos.
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