El 2 de diciembre del año pasado, la psicóloga Marjorie Kisner Mira, de 34 años, salió de su apartamento rumbo a una visita domiciliaria que habría de hacerle a un hombre condenado por el delito de acceso carnal violento, en el barrio Villahermosa de Medellín.
Salió a las 9 de la mañana, sin decir mucho, salvo que más tarde pasaría por Centro Día, y que pasadas las 12:00 almorzaría con Paula, su mejor amiga.
Pero de Marjorie sólo se vino a saber tres días después, cuando apareció muerta en un recodo de una construcción. Su cuerpo había sido descuartizado y sus órganos, extraídos.
En costales, recuerda su hermana Viviana, fueron empacados los restos de esta profesional de 34 años, quien según el acta de defunción, falleció por asfixia mecánica.
El 8 de diciembre, y tras una polémica desatada a causa de las precarias medidas de seguridad con la que contaban los funcionarios adscritos al programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, fue capturado Robert Alexánder López, de 34 años, como presunto responsable.
Ese día, el hombre tuvo que pedir auxilio de la Policía, pues la comunidad del barrio Villahermosa intentó hacer justicia por su propia cuenta. Por poco y se produce un linchamiento, reseñó la prensa en esos días.
Pero nueve meses más tarde, la Juez Quinta Penal del Circuito, Yamith Martínez Ruíz, con función de Control de Garantías y actuando en segunda instancia, le concedió la libertad condicional al imputado, por vencimiento de términos.
Para el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez, la decisión es "aberrante y constituye una afrenta a la familia de la víctima, a la Administración Municipal y a la sociedad en general".
Viviana Kisner, hermana de Marjorie, ve la salida de López de la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, como "una bofetada de la Justicia" al padecimiento de la familia. "Las víctimas no importamos, no tenemos ningún derecho. Como es posible que ahora esté en la calle un señor que es un peligro para la sociedad", dijo.
El proceso comenzó a empantanarse el 30 de diciembre, luego de que la Fiscalía formulara el escrito de acusación ante un Juez especializado, cuando la competencia, se determinaría después, era de un Juez ordinario.
Sin embargo, los tiempos que alargaron el curso del juicio, corrieron en el Tribunal Superior de Medellín y en el despacho de un Juez de Conocimiento. Así lo declaró Martínez Ruiz, en la audiencia que terminó con la libertad del imputado.
"Tres días que demanda la ley, frente a 48 días que se demoró la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y que con todo el trámite suman 57 días. A juicio del despacho no es causa razonable", dijo. "O qué decir de los términos que corrieron sin justificación alguna en el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Medellín con función de conocimiento, esto es, 83 días", agregó. Es decir, que ese solo despacho casi se lleva los 90 días que demandaría la etapa completa. "No es poquito, señora Fiscal. Yo me pongo a mirar las cuentas y no es poquito y usted no tiene la culpa, ni yo tampoco", dijo la Juez.
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