La crisis por la que atraviesa la salud en la ciudad de Bogotá ha revivido la discusión acerca de los graves problemas que padece este sistema en el país. De nuevo, los ciudadanos comprueban cómo, un servicio tan vital, presenta aberrantes fallas.
Las propias autoridades distritales han constatado que fenómenos, como el hacinamiento en los hospitales y los centros de salud, la falta de médicos para atender a los pacientes y las largas esperas para acceder al servicio, son parte de las dificultades que a diario viven los ciudadanos del común.
En muchas ocasiones, las condiciones especiales de algunos pacientes, como es el caso de las mujeres embarazadas, los niños de menor edad o los adultos mayores, no son tenidas en cuenta para que reciban un tratamiento preferencial.
La situación que se vive en Bogotá es parte de una cadena de hechos que desde hace un tiempo para acá se vienen presentando en las diversas regiones del país.
Es conocida la situación crítica que viven muchos hospitales públicos y las serias dificultades y los problemas financieros que enfrenta un buen número de EPS. Por si fuera poco, las deudas entre actores del sistema son millonarias.
El Gobierno ha presentado un proyecto de reforma del sistema de salud, el cual, en un principio, tenía mensaje de urgencia. Sin embargo, este mensaje lo tiene ahora la reforma estatutaria a la salud que es una iniciativa parlamentaria y con la cual se busca reglamentar el alcance del derecho a la salud establecido en la Constitución. Ambos proyectos harán trámite simultáneo en el Congreso.
El proyecto del Gobierno representa un cambio radical respecto a lo que actualmente se tiene. Por ejemplo, se crea un único fondo público, Salud Mía, que centraliza el manejo de los recursos de la salud. Igualmente, se descentralizan las responsabilidades del servicio a los niveles departamental y municipal. Las EPS serán transformadas y muy seguramente muchas de ellas desaparecerán.
Frente a los innegables logros que el sistema de salud ha tenido y los evidentes riesgos que implica la reforma, como la captura política del manejo público de la salud, Fedesarrollo se pregunta si con ella se están resolviendo los problemas que se tienen o, si más bien, lo que va a ocurrir es que se generen otros adicionales. La entidad señala, además, que hay propuestas en la reforma que el Gobierno puede reglamentar directamente.
Mientras se discute, se aprueba y comienza a operar la reforma, lo que puede tomar entre tres y cuatro años, cabe preguntarse ¿qué va a hacer el Gobierno para solucionar los problemas que hoy pesan sobre el sistema de salud?
Dado el agravamiento de la situación de prestación del servicio de salud en varias regiones del país, el Gobierno está en el deber de actuar y solucionar los problemas que están desbordando las capacidades del sistema y llevando al sector a una crisis aguda y de grandes proporciones que puede tener efectos nefastos sobre la población. Infortunadamente, frente a este estado de cosas, el Gobierno no ha intervenido de manera oportuna y eficaz.
Es claro que se requiere actuar con prontitud y de forma contundente. Para ello se impone la definición y ejecución, por parte del Gobierno, de un plan de choque que defina una agenda de intervención con la cual se asegure la solución de los problemas más críticos que padece la salud en Colombia.
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