A esta hora se desarrolla, a puerta cerrada, la reunión entre miembros del Gobierno Nacional, liderados por el vicepresidente Angelino Garzón, voceros de la Mesa Nacional Agraria Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), y algunos gobernadores en Popayán (Cauca).
La mesa se desarrolla con voceros campesinos de 17 departamentos, los mandatarios de Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima y Meta, y alcaldes de municipios de la región.
Además, cuenta con el acompañamiento de miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Colombia y delegados de la Defensoría del Pueblo.
Y aunque, al parecer, la reunión avanza por buen camino, el vocero nacional de la MIA, Andrés Gil, insistió en que, como el paro nacional representó una defensa de los territorios, los recursos naturales y la cultura campesina, las personas retenidas en el marco de esta protesta social están detenidas ilegalmente.
“No nos podemos ir a las casas sin que nuestros hermanos, que están detenidos ilegalmente por estar en la protesta campesina, nos sean entregados”, declaró Gil, y agregó: “Este país debe entender que cuando hay propósito de diálogo, no puede haber persecución social y política”.
Aunque las declaraciones de Gil se produjeron por fuera de la mesa de diálogo, se puede inferir que el tema de la libertad de las personas detenidas durante las protestas debe estar siendo debatido en la reunión.
Según Gil, el Pacto Agrario que busca conseguir el Gobierno Nacional con la instalación de una Mesa Nacional el próximo jueves 12 de septiembre les genera desconfianza.
“Por ahora, hemos dicho que no asistiremos. El 12 de septiembre estaremos, las comunidad afro, indígenas y campesinas, en la Cumbre Social Campesina y Agraria”, anunció.
Por lo pronto, el Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento. Al finalizar el encuentro, las dos partes entregarían declaraciones a la prensa sobre las conclusiones de la reunión.
Se espera que para entonces queden claros asuntos como la participación de MIA en la Mesa del 12 de septiembre y la suerte de los campesinos que fueron retenidos por la Fuerza Pública.