Mientras Julian Assange completa dos meses en una habitación con cama, teléfono y conexión a internet en la Embajada ecuatoriana en Londres, decenas de defensores del derecho a la información acaparan de nuevo, y con más fuerza que antes, los reflectores mediáticos.
Los activistas, en su mayoría del Partido Verde y del movimiento Occupy, se congregaron en el barrio de Georgetown para agradecer al Gobierno de Rafael Correa “por defender la prensa libre”. Algunos usaron máscaras similares a la del protagonista de la novela gráfica V de Vendetta, que en los últimos meses se relaciona con los activistas informáticos de Anonymous.
El apoyo de estos grupos era de esperarse por razones de identidad ideológica. Diego Buitrago, abogado informático, explicó que “Anonymous pretende que la información y el conocimiento estén libres en la red y que no tenga control alguno”.
Sin embargo, el experto señaló que, en procura de la estabilidad de las naciones, lo primero que se debe garantizar y custodiar es la información, “y lo que Anonymous y Wikileaks hacen es vulnerar datos sin una norma legal, ni situaciones éticas que los controlen”.
En la misma dirección, la líder regional de Creative Commons en América Latina, Carolina Botero Cabrera, sostuvo que la ética de las acciones de Assange, al revelar cables diplomáticos clasificados de varios países, puede ponerse en entredicho.
“Cuando uno tiene acceso a material sensible debe cuidarse de no generar efectos indeseables, como poner en evidencia a personas que debían ser protegidas en sitios en donde eso puede representar un peligro. Assange trata de arreglarlo luego, al sumar a su iniciativa esquemas tradicionales del periodismo que por siglos han hecho un análisis de la confidencialidad”, explicó la analista.
Sin embargo, Botero enfatizó que la responsabilidad debe ser compartida, pues el Gobierno de Estados Unidos cometió un error, según ella, al no asegurar mejor información sensible y permitir el acceso.
Para la muestra está el caso está el caso del soldado estadounidense de 24 años de edad, Bradley Manning, acusado de 22 cargos por filtrar a Wikileaks miles de documentos confidenciales y cables diplomáticos procedentes de cientos de embajadas de E.U.
Cortina de humo
Para Carolina Botero se hace evidente que la persecución a Assange obedece a una represalia por la filtración de la información y no por las acusaciones de acoso sexual contra él en Suecia.
“No existe en el mundo un solo caso de países que se unan para perseguir a un criminal por delitos sexuales. La fórmula no es criminalizar sino empezar a hablar de valores en una nueva realidad social y de información que requiere asegurar la penetración de códigos de ética en la sociedad”, aseguró.
Pero antes de disuadir a las agrupaciones que buscan la democratización de la información, Botero manifiesta que Wikileaks y otros medios y organismos similares no darán un paso atrás.
“No creo que esté en peligro la continuidad de Wikileaks, pues el tema es que ya todos somos Wikileaks”, dijo.
Sin embargo, los Gobiernos de la región tienen los ojos puestos sobre la inviolabilidad, no de la información, sino de las sedes de las embajadas. Ese tema es discutido desde ayer por el Consejo Permanente de la OEA.
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