El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 marca un giro frente a la promesa de austeridad y recorte del gobierno de Abelardo de la Espriella. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pasó de anunciar un recorte de $20 billones frente al proyecto presentado por Gustavo Petro a proponer un presupuesto de $634,9 billones: $59,3 billones más que la iniciativa anterior y $88 billones por encima del presupuesto vigente de 2026.
El Gobierno justifica el aumento bajo la premisa de “sincerar las cuentas” e incorporar gastos que, según Hacienda, estaban desfinanciados. Sin embargo, el déficit fiscal proyectado para 2027 alcanzaría un preocupante 9,4% del PIB.
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“No cayó bien la cifra del presupuesto 2027 porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. Les dijimos a los colombianos que no podíamos seguir diciendo mentiras. La transparencia fiscal es el principio para organizar las finanzas”, indicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante su intervención en la Convención Bancaria.
El mayor peso del incremento está en el servicio de la deuda, que aumenta en $37,4 billones frente al proyecto presentado por Petro y alcanza los $155 billones, equivalentes al 24,5% del presupuesto total.
A esto se suman $23,3 billones que el Gobierno atribuye a obligaciones que no estaban plenamente financiadas, entre ellas pensiones, salud, salarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En conjunto, estos dos componentes explican $60,7 billones del aumento presupuestal.
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Pero mientras el gasto destinado al servicio de la deuda crece con fuerza, la Nación también contempla contratar $113 billones de nueva deuda. En contraste, los ingresos tributarios caen cerca de $10 billones y el proyecto presenta inconsistencias sobre si incorpora o no los recursos esperados de una eventual reforma tributaria.
Las cuentas de servilleta del economista y matemático David González muestran la magnitud del desequilibrio: los ingresos corrientes proyectados para 2027 rondan los $315 billones, mientras el gasto total supera los $630 billones: “Somos como una familia que gana $100 y se endeuda para gastar $200, incluidos los intereses de una deuda que no para de crecer”.
Deuda crece y baja la inversión
La austeridad, por ahora, aparece concentrada en la inversión, que baja de $89,9 billones a $87 billones. Los mayores recortes recaen sobre Prosperidad Social, con $1,66 billones menos, y sobre los recursos destinados al cumplimiento del Acuerdo de Paz, cuya inversión cae 10%, mientras también se reduce la financiación para la Reforma Rural Integral.
Al mismo tiempo, aumentan los recursos para Hacienda, Defensa, Policía y Fiscalía, mientras se trasladan recursos de Invías hacia la ANI, lo que apunta a una mayor participación de privados en proyectos de infraestructura.
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Según el economista y matemático David González, en 2027 el país destinará más recursos al pago de intereses de la deuda ($94,4 billones) que a inversión ($87 billones).
El resultado es un presupuesto que genera desconcierto entre expertos y congresistas, ante la falta de claridad sobre la relación entre la prometida reducción del tamaño del Estado, el aumento del monto del proyecto y las obligaciones que, según el Gobierno, fueron heredadas de la administración Petro.
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, calificó como una sorpresa para los mercados que el presupuesto se acerque a $636 billones, unos $60 billones más que la propuesta anterior. Además, advirtió que, pese al ajuste, el déficit del Gobierno Nacional Central rondaría el 7,5% del PIB.
Déficit fiscal de Colombia llegaría a 9,4% del PIB
El nuevo equipo de Hacienda destapó lo que en el Gobierno llaman el “agujero fiscal” heredado de la administración Petro. Según sus proyecciones, el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría a un histórico 9,4% del PIB en 2027, equivalente a $200,4 billones, frente al 4,5% calculado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Para 2026, ese documento había estimado un déficit de 5,3% del PIB. Sin embargo, el nuevo equipo económico calcula que, sin ajustes, llegaría a 8,2%. Para contenerlo, el Gobierno anunció el bloqueo y posterior recorte de $21,9 billones del gasto público, equivalentes al 1,1% del PIB, con lo que espera cerrar el año en 7,2% del PIB, frente al 8,2% de un escenario sin ajuste.
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El mayor déficit previsto para 2027 responde, según Hacienda, a dos factores. El primero es el retiro de $30,2 billones en ingresos que dependían de reformas tributarias no aprobadas o de supuestos económicos que ya no corresponden a la realidad. El segundo es el afloramiento de deudas obligatorias, es decir, gastos que la Constitución y la ley exigen pagar y que, según el Gobierno, fueron subestimados por la administración Petro.
Entre estos pasivos están $9,6 billones para cubrir el déficit acumulado del FEPC, ajustes en salud y pensiones, y mayores subsidios de energía y gas.
Este desbalance también presionará la deuda pública. La deuda neta del Gobierno Nacional Central subiría a 66,2% del PIB en 2027, un aumento de 6,5 puntos frente a 2026, y se acercaría al límite de 71% establecido por la regla fiscal.
Frente a esto, el Gobierno anunció una Ley de Ajuste Fiscal para reducir el déficit primario de 2027 en 2,2 puntos del PIB, acompañada de un Plan de Austeridad del Gasto para recortar viáticos, nóminas paralelas y burocracia.
Expertos analizan el presupuesto y el déficit de 2027
Diego Montañez-Herrera, analista senior de Eafit, planteó que el nuevo presupuesto “no creó de la nada un déficit de 9,4% del PIB”, sino que “mostró una foto más completa” al incorporar obligaciones que antes estaban subestimadas y retirar ingresos que nunca fueron seguros.
Según su lectura, la cifra para 2027 pasó de 4,5% en el MFMP a 6,7% en el presupuesto anterior de Petro y luego a 9,4% en la versión reformulada, lo que convertiría este en “el mayor déficit de la serie desde 1905”.
En la misma línea, Andrés Pardo, jefe de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments, señaló que el nuevo proyecto “confirma un hueco fiscal mucho mayor al esperado”. El gasto de funcionamiento pasó de $368 billones a $393 billones, en buena parte por el reconocimiento de obligaciones desfinanciadas, mientras la inversión cayó de $90 billones a $87 billones.
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Pardo también destacó el aumento en las necesidades de deuda. El nuevo presupuesto contempla emisiones por $238,6 billones —$150,9 billones de deuda interna y $87,7 billones de externa—, frente a los $125,6 billones planteados por la administración Petro.
Para Montañez, uno de los principales puntos de preocupación es el costo de la deuda. En 2027 se destinarían $94,4 billones al pago de intereses, $7,4 billones más que los $87 billones previstos para toda la inversión pública. A esto se suman necesidades de financiamiento cercanas a $266 billones.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que, incluso con el ajuste anunciado, los déficits de 2026 (7,2%) y 2027 (9,4%) serían los segundos más altos de la historia reciente del país, solo superados por los registrados durante la pandemia. “El ajuste evitaría que el déficit total siguiera creciendo, pero todavía no lograría reducirlo”, afirmó.
Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, cuestionó que se hable de un aumento del presupuesto de $575 billones a $635 billones. Según Campos, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal tenía razón al advertir sobre el tamaño real de las cuentas y calificó lo ocurrido en 2026 y 2027 como “dos pandemias fiscales” heredadas de Petro.
Campos sostuvo que la administración Petro dejó “el equivalente a tres deudas con el FMI para pagar en 2027” y terminó subsidiando combustibles “por más plata que Duque”. A su juicio, el nuevo gobierno “no aumenta el gasto, lo calcula correctamente y anuncia un recorte inicial de $17 billones”, cifra menor a los $80 billones que recomienda buscar el CARF.
Para Mejía, es positivo que el Gobierno haya transparentado el tamaño del problema heredado, pero queda pendiente “presentar una estrategia que permita reducir de manera sostenida el déficit y estabilizar la deuda durante los próximos años”.
Campos advirtió que ahora llega la verdadera prueba, con la ley de ajuste de gasto en el Congreso: “Si esa falla, ahí sí el Gobierno fallaría en su promesa de campaña” de recortar $40 billones adicionales.
Por su parte, para Montañez “el reto ahora es que el sinceramiento venga acompañado de un ajuste creíble que estabilice la deuda sin seguir sacrificando inversión”.
Congreso debate presupuesto, deuda y gasto público
Los congresistas oficialistas y de oposición coincidieron en que el presupuesto requiere una revisión detallada, aunque difieren sobre el aumento del monto, el endeudamiento y la distribución del gasto.
Christian Garcés, senador del Centro Democrático y coordinador ponente, respaldó que el proyecto refleje la situación real de las finanzas públicas y las necesidades derivadas del terremoto, aunque expresó preocupación por el endeudamiento.
Yirley Vargas, del Partido Liberal, centrará su revisión en las fuentes de financiación y el gasto social, especialmente en los recursos para personas cuidadoras. Andrés Forero, del Centro Democrático, consideró acertado “transparentar y sincerar cifras”, pero pidió a Hacienda explicar las dudas que ha generado el proyecto.
La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, también respaldó la transparencia de las cuentas, pero cuestionó que el presupuesto aumente mientras se recortan recursos para sectores estratégicos: “La responsabilidad fiscal no consiste únicamente en cuadrar las cuentas, también exige definir bien las prioridades”.
Carlos Meisel, del Centro Democrático, manifestó su respaldo al Gobierno, pero advirtió que “estamos viendo más gastos que ingresos”. Wilmer Carrillo, del Partido de la U, pidió revisar “con lupa” el origen y distribución de los recursos, así como su impacto sobre el déficit y la deuda.
Desde el Pacto Histórico, el senador Kevin Gómez consideró que la promesa de austeridad “es una mentira”, pues el aumento presupuestal no se refleja en mayor inversión social. A su juicio, parte de los recursos podría terminar en el servicio de la deuda y en grandes corporaciones económicas.
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El plan de ajuste fiscal
En el cierre de la Convención Bancaria, el ministro de Hacienda también anunció el plan de ajuste fiscal del Gobierno, denominado “El camino obligado”, con el que busca corregir el desequilibrio de las finanzas públicas.
La estrategia contempla un recorte de $21,9 billones en 2026 y una austeridad adicional de $17 billones en 2027, principalmente a través de menores transferencias y recortes a inversión no prioritaria. También busca una mayor participación del sector privado en la recuperación económica y la reconstrucción tras el terremoto.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué gastos explican el aumento de $59,3 billones del Presupuesto 2027?
- El aumento se explica principalmente por $37,4 billones adicionales para el servicio de la deuda y $23,3 billones en obligaciones que, según el Gobierno, estaban desfinanciadas, como pensiones, salud, salarios públicos, universidades y el FEPC.
- ¿Cuánto dinero destinará Colombia al pago de la deuda en 2027?
- El Presupuesto 2027 contempla $155 billones para el servicio de la deuda, equivalentes al 24,5% del presupuesto total. De ese monto, $94,4 billones corresponden al pago de intereses, una cifra superior a los $87 billones previstos para inversión pública.
- ¿Qué pasará con la deuda y el déficit fiscal de Colombia en 2027?
- El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central llegaría al 9,4% del PIB, equivalente a $200,4 billones, mientras la deuda neta subiría al 66,2% del PIB, acercándose al límite de 71% establecido por la regla fiscal. El Gobierno anunció una Ley de Ajuste Fiscal y un plan de austeridad para intentar reducir ese desequilibrio.
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