La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades en el ingreso y la salida de personas del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad La Paz, en Itagüí. Entre ellos está el director encargado del establecimiento.
Vale recordar que el 8 de abril de este año, una fiesta dentro de una cárcel fue la polémica nacional durante varios días. Una agrupación musical incluso entró a la cárcel y realizó una presentación.
Según el ente de control, se habrían presentado omisiones en los registros y reportes de novedades sobre la entrada y salida de personas. La Procuraduría también verificó en qué circunstancias se permitió el ingreso y la permanencia de los visitantes.
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¿A quiénes les formularon cargos?
El pliego cobija a tres tenientes: Fabián Leandro León Rodríguez, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Heyler Antonio Fracica Sarmiento, director (e) del establecimiento. También a un inspector jefe, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, a un inspector, Eduardo Parra Ceballes, y a un dragoneante, Juan Diego Ospina Morales.
Según la Procuraduría, las faltas se calificaron como gravísimas cometidas a título de dolo. Con esta decisión el proceso entra en etapa de juzgamiento, en la que los investigados podrán ejercer su derecho de defensa.
La Procuraduría busca establecer si las omisiones constituyeron faltas disciplinarias y determinar las responsabilidades individuales.
Otros frentes del caso
Por los mismos hechos, la Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía para que investigue posibles conductas punibles de los tenientes Ciprián Díaz, Fracica Sarmiento y León Rodríguez.
Además, abrió investigación disciplinaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao. Ambos habrían incurrido en irregularidades al rendir un informe en el que consignaron aparentes fallas en el sistema Sisipec 1 y en la red del Inpec para controlar el ingreso y salida de personas.
El caso ya tenía dos confesiones. El 4 de agosto, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David aceptaron ante la Procuraduría su responsabilidad por no hacer los registros reglamentarios.
Se acogieron a la confesión, que podría darles una rebaja de hasta el 50% en la sanción, que puede ir de la suspensión e inhabilidad a la destitución. La Procuraduría espera que sus testimonios permitan identificar a otros responsables.
La fiesta del 8 de abril
Según se conoció, el 8 de abril, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., un grupo de cabecillas de bandas del Valle de Aburrá, que dialogaban con el Gobierno en el marco de la Paz Total, celebró en el pabellón de alta seguridad, con músicos, comida y licor, el cumpleaños de alias Pocho, el máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía.
Entre los artistas estuvo el cantante vallenato Nelson Velásquez. El video lo difundió el concejal Andrés Tobón, y la exfiscal y concejal Claudia Carrasquilla denunció públicamente el hecho.
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Las minutas del penal para ese día solo registraban “todo sin novedad”. El concejal calculó que unas 78 personas pudieron entrar de manera regular; 26 reclusos del proceso, con tres visitantes autorizados cada uno.
Según su denuncia, la cifra real habría sido de 138, y habrían pagado hasta un millón de pesos por persona para ingresar sin registro. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado esa versión.
El Inpec aclaró entonces que el evento no fue autorizado por su Dirección General, por el Gobierno ni por el Ministerio de Justicia. Ordenó el cambio inmediato del director encargado, el traslado del comandante de vigilancia y una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de turno.
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Ante el hecho, el entonces Gobierno de Gustavo Petro suspendió los diálogos, el Petro ordenó trasladar a los cabecillas a Bogotá y la Fiscalía revocó la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura.
Semanas después se supo que el sistema de cámaras de la cárcel tampoco funcionaba. El 22 de abril, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, atribuyó la falla a los tiempos de contratación de la USPEC y dijo que volvería a operar el 30 de abril.
Las investigaciones siguen abiertas para determinar si hay más funcionarios o directivos involucrados y bajo qué autorizaciones se permitió entrar al personal externo, los equipos y el evento.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Quiénes son los principales funcionarios del Inpec cobijados por el pliego de cargos de la Procuraduría?
- La decisión afecta a seis integrantes de la guardia y administración, encabezados por el director encargado del penal, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, junto a los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez y Fredy Antonio Ciprián Díaz, además de inspectores y dragoneantes.
- ¿Qué consecuencias penales y disciplinarias enfrentan los implicados?
- En el ámbito disciplinario, al calificarse las faltas como gravísimas a título de dolo, se exponen a sanciones que van desde la suspensión e inhabilidad hasta la destitución definitiva del cargo. En el ámbito penal, la Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía para que investigue posibles delitos a tres de los oficiales involucrados.
- ¿Cómo se descubrieron las irregularidades en los registros de la cárcel de Itagüí?
- El caso salió a la luz pública el 8 de abril de 2026 tras las denuncias de concejales de Medellín y la filtración de videos de la fiesta privada. Las inspecciones posteriores evidenciaron que las minutas oficiales reportaban “sin novedad” pese al ingreso masivo de personas ajenas al penal y de una agrupación musical.