La Fiscalía brasileña presentó este jueves cargos contra 22 personas y 4 empresas acusadas del gigantesco vertido de residuos minerales que en noviembre pasado provocó 19 muertes en la considerada mayor tragedia ambiental de Brasil.
De los 26 incluidos en la denuncia, 22 fueron acusados de homicidio doloso, cuando hay intención de matar, por su responsabilidad en las muertes provocadas por la ruptura de los diques de contención de dos depósitos de metales pesados y de agua de una mina de la empresa Samarco en Mariana (Minas Gerais).
“Los diques ya habían presentado señales claras de que podrían romperse, por lo que el accidente era previsible desde finales de 2014 sin que nadie hubiera hecho algo por evitarlo”, explicó el fiscal José Adércio Leite Sampaio en una rueda de prensa en la que detalló la denuncia formal ante la Justicia.
Entre los denunciados por homicidio destacan el entonces director presidente de Samarco, Ricardo Vescovi; el director general de operaciones, Kléber Terra; tres gerentes operacionales de la misma empresa minera y once integrantes del Consejo de Administración de la compañía.
También fueron denunciados de homicidio doloso cinco ejecutivos de la empresa brasileña Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton, dos gigantes mineros mundiales que comparten el control de Samarco.
La mayoría de los acusados también fue denunciado penalmente por los delitos de inundación, lesión corporal y crímenes ambientales.
La denuncia del Ministerio Público Federal será ahora estudiada por un juez penal de Minas Gerais, que decidirá si la acepta y convierte a los denunciados en procesados.
La ruptura de los diques causó una gigantesca riada tóxica que provocó incalculables daños a lo largo de 650 kilómetros de la cuenca del río Doce y además dejó a su paso 19 muertos, la mayoría en la propia mina y del poblado de Bento Rodrigues, que fue sepultado por el barro.
Otros seis poblados de Marina también fueron anegados por el vertido de 62 millones de metros cúbicos de agua y residuos minerales, que es considerado por el Gobierno como el accidente medioambiental más grave ocurrido en el país.
En mayo pasado la Justicia aprobó un acuerdo firmado entre el Gobierno y las mineras responsables del vertido que compromete a las empresas a desembolsar unos 20.000 millones de reales (unos 6.250 millones de dólares) a lo largo de la próxima década para resarcir a las víctimas y reparar los daños ambientales.
El acuerdo, independiente del proceso penal, prevé la adopción de 22 medidas socioeconómicas y 17 programas socioambientales para la recuperación de las poblaciones y del ecosistema afectados.
Vale, por su parte, comunicó que “reafirma su profundo respeto y total solidaridad con todos los impactados por el trágico accidente” y, “en especial, con las familias de las víctimas, pero repudia vehementemente la denuncia del Ministerio Público Federal”.
La mayor exportadora mundial de hierro destacó que en un año de investigaciones “se evidenció la inexistencia de cualquier conocimiento previo de los riesgos reales” en los diques y por eso “cualquier forma de responsabilizar a la compañía es inaceptable”.
Igualmente, Vale aclaró en el comunicado que nunca realizó “gestión operacional” de Samarco y que sus directivos nunca fueron informados de irregularidades técnicas de los diques.
