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Las naciones de Latinoamérica deben dejar de caracterizarse por tener en el olvido y la marginalidad a millones de personas. Es una de las ideas en las que se enfocó el segundo Foro de Vivienda Adecuada en Monterrey, México, el pasado 8 de mayo.
Máxime si 113 millones de latinoamericanos que viven en urbes habitan asentamientos informales. Esto es, 1 de cada 4 personas vive en dichos lugares (el 25 por ciento de la población de las ciudades). El chileno Juan Pablo Duhalde, director del Centro de Investigación Social (CIS) de Techo, acudió a Monterrey no solo para confirmar las preocupantes cifras, sino para incluso dar aviso de que podrían ser mucho peores, dada la poca importancia que les dan los gobiernos de la zona al problema.
EL COLOMBIANO dialogó con el experto en hábitat, ahondando en sus argumentos y en las investigaciones sobre asentamientos informales y marginados que actualmente adelanta.
“Fuimos a compartir nuestra experiencia haciendo investigaciones socioterritoriales en asentamientos informales. Las llamamos catastros, y tienen como objetivo conocer la realidad y las cifras en Latinoamérica. Identificamos una problemática en la región, y es que no existe claridad sobre un número real en este tema.
Por tanto, frente a esto hemos llevado a cabo, en 9 países, estos sondeos. En ellos nos preguntamos ¿dónde están los asentamientos informales? ¿cuáles y cómo son?. Estas preguntas las hacemos porque lo que se conoce sobre esta realidad es que los habitantes de dichos lugares carecen de todo servicio básico como agua, electricidad y saneamiento, pero en general se desconocen más características de estos espacios.
En este sentido, nosotros indagamos si tienen organización, cuáles son sus perspectivas frente a la ciudad, entre otros temas. Por esto lideramos un estudio en el que hemos podido conocer, con sondeos y desde la voz de las personas que allí viven, cuál es su realidad. De ahí elaboramos recomendaciones en el foro, encaminadas a la tercera Conferencia de ONU sobre Vivienda Adecuada y Desarrollo Sostenible, más conocida como Hábitat III, a realizarse en Quito, Ecuador, en octubre de 2016”.
¿Qué importancia tendrá esta reunión y qué debe acordarse en ella?
“Se va a discutir la nueva agenda urbana, y en esto los gobiernos deben acordar políticas que permitan tener ciudades sostenibles y equitativas. En este sentido recomendamos, con nuestra experiencia en 19 países de A.L, fortalecer y posicionar estos espacios, a pesar de ser vulnerables. Esto porque consideramos que hay capacidad en ellos, propuestas, motivación y coordinación para generar alternativas de ciudad integrada, que tome en cuenta referentes comunitarios y les dé participación”.
¿Cómo va el sondeo que llevan en países de A.L?
“Hemos identificado por el momento en Argentina 1.834 asentamientos informales, en Chile 673, en Costa Rica 394, en Nicaragua 402, y están en desarrollo catastros en Bogotá, Colombia; El Hatillo, Venezuela; en Ciudad de Guatemala y en cinco urbes de Paraguay.
Nuestras aspiraciones son levantar paulatinamente información con el objetivo de visibilizar esta realidad y que sus cifras sean insumos para incidir en políticas públicas. Para que quienes toman decisiones conozcan cuáles son, dónde están, cómo son estos asentamientos y que así puedan diseñar estrategias para resolver las problemáticas de la población que más lo requiere. Este es un tema clave a trabajar en Latinoamérica”.
Y a nivel oficial ¿cuáles son las cifras? ¿son verídicas?
“ONU Hábitat calcula que, en Latinoamérica, 113 millones de personas que viven en urbes habitan asentamientos informales. Esto es, 1 de cada 4 latinoamericanos vive en dichos lugares, el 25 por ciento de la población urbana en la región.
Nos preguntamos cómo se puede confirmar que esas sean realmente las cifras. Nuestro objetivo es corroborar esos números y que no se queden solo en eso, que no sean fríos, sino que tengamos datos cercanos que puedan generar políticas públicas en respuesta.
Nuestra premisa es que no se conoce en verdad cuántos son. En Chile descubrimos que gran parte de los asentamientos informales no figuran en cifras estatales. Así creemos que ocurre con otros países de A.L”.
Por tanto, ¿se podría decir que los Estados maquillan las cifras? y, de ser así, ¿por qué cree que lo hacen?
“Decir que no son manipuladas sería un error. Hay distintos casos en donde podemos afirmar abiertamente que las cifras pueden ser nefastas en su presentación cuando son intervenidas metodológicamente, previo a los resultados. Sabemos que muchas veces hay una mano negra que manipula la información, para posicionar países, y es contra eso que luchamos”.
“Si de algo nos hemos dado cuenta es que en la sociedad latinoamericana existen estigmas muy fuertes y arraigados frente a quienes viven en asentamientos informales. Se puede decir que quienes viven en ellos tienen altos índices de criminalidad, de violencia, de inseguridad, pero desde la experiencia de Techo en casi 18 años de trabajo, eso muchas veces es un mito que reafirma el estigma frente al desconocimiento que se tiene de estas comunidades.
Si hemos construido más de 100.000 viviendas en Latinoamérica es porque estamos convencidos de que hay la voluntad de superación y de acceder a las oportunidades. Las estadísticas dicen que tenemos las ciudades más peligrosas del mundo, pero esto no se concentra en los asentamientos informales”.
¿La organización informal desde los asentamientos es una posible solución?
“Sí. La organización empieza a generar capital social, relaciones entre vecinos, apropiación de espacios para tomar decisiones, coordinación para hacer un colectivo que represente a una comunidad completa y que les permita acceder a los diferentes actores de la sociedad y ser tomados en cuenta. La mejor manera de buscar soluciones es organizando un colectivo, que tenga una disposición a la corresponsabilidad y la generación de propuestas que permitan mejorar la calidad de vida”.
¿Y cuál debe ser la acción desde los gobiernos?
“El problema que se puede identificar es la necesidad de capacitar a los gobiernos y entregarles herramientas para acceder a todos los rincones de la población. Los Estados deben erradicar las políticas paternalistas que generan una relación vertical con las comunidades. Tenemos que dejar de ver a los grupos excluidos como objetos de atención, tienen que ser tomados en cuenta como un actor más dentro de la toma de decisiones”.