Nueve días de protestas y enfrentamientos están dejando huella en territorio nicaragüense. El régimen de Daniel Ortega, que se las ha arreglado para eliminar todo conato de malestar o disidencia mediante la fuerza o la persecución, parece incapaz de controlar las manifestaciones que se han extendido por todo el país.
Ayer, el balance que dejaban las tensiones en la nación centroamericana era ya de 34 muertos, 121 heridos (12 de gravedad) y decenas de detenidos. Aunque el pasado 22 de abril, el presidente Ortega revocó su proyecto para reformar las pensiones –la mecha que encendió las protestas–, y con esa medida mermó la movilización en las calles, aún hay numerosos focos de manifestaciones en distintas zonas. El principal de ellos, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde cientos de manifestantes se encuentran atrincherados para impedir su desalojo.
Los motivos han ido evolucionando con los días: ahora el movimiento estudiantil reclama la destitución de todos los mandos policiales, teniendo en cuenta la alta cifra de jóvenes asesinados en esta última semana.
“Exigimos el cese de la persecución policial a dirigentes estudiantiles y ciudadanos en general y que la Policía retome sus funciones verdaderas, que son para servir al pueblo”, aseguró en un comunicado la organización 19 de abril.
Por parte del gobierno, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es la esposa de Daniel Ortega, intentó restarle importancia y momentum a las manifestaciones.
“La disposición de los trabajadores de acudir a sus centros de trabajo, la actividad económica en mercados y centros donde se produce y se comercia, todo esto es una señal de normalidad, de tranquilidad”, dijo a periodistas.
Entretanto, se multiplican los llamados para una salida negociada a las tensiones, en especial por parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), para que “prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de cada uno de los nicaragüenses y para que se acepte el rol de mediación de la Iglesia”.
