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Fin de la historia Dilma coincidiría con Olímpicos

Avanzan audiencias para decidir si la presidenta de Brasil será destituida. La comisión se trazó el 16 de agosto como plazo máximo para veredicto.

  • Audiencia para decidir futuro de Dilma Rousseff. A la izquierda, la defensa, representada por Jorge Eduardo Cardozo. A la derecha, contraparte, a la cabeza de Janaina Paschoal. FOTO cortesía
    Audiencia para decidir futuro de Dilma Rousseff. A la izquierda, la defensa, representada por Jorge Eduardo Cardozo. A la derecha, contraparte, a la cabeza de Janaina Paschoal. FOTO cortesía
20 de junio de 2016
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Que la destitución de Dilma Rousseff o su retorno al poder ocurran en medio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, frente a la mirada censuradora del mundo, es el escenario más temido del gobierno brasileño y, por ahora, el más posible.

Si bien en mayo pasado, cuando el Senado aprobó iniciar el juicio político contra la presidenta, se dijo que la decisión (con un plazo de seis meses, según la Constitución) podía acortarse y concluir antes del 5 de agosto, día en que comienza el certamen deportivo, un último ajuste del calendario fija el 16 de agosto como plazo para terminar el proceso.

Los 21 miembros de la comisión especial que escuchan a testigos y a expertos desde la semana pasada solo entregarán un reporte pleno el 28 de julio.

Después, el 2 de agosto, el Senado votará los resultados del informe, y en los 14 días siguientes, cuando los Olímpicos vivan su momento culmen, escuchará los argumentos finales de la defensa de Rousseff y de la contraparte para decidir por una mayoría simple de 41 votos si se recomienda que la causa sea archivada o que destituyan a la mandataria.

Si así fuera, el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Lewandowski, quien comparte la responsabilidad del juicio con el Senado, tendrá que convocar al pleno de la Cámara Alta para una última sesión el 16 de agosto, en la que dos tercios de los senadores (54 votos) tendrán la última palabra.

Por ahora, las dos partes del proceso se concentran en demostrar que la presidenta suspendida es culpable o inocente de las acusaciones que pesan sobre ella: maquillar las cuentas fiscales de Brasil en 2014 y promulgar seis decretos para abrir créditos por 725 millones de dólares sin el aval del Congreso, lo que es considerado un “delito de responsabilidad”.

Según Jorge Eduardo Cardozo, exministro de Justicia de Brasil y hoy cabeza del grupo de nueve abogados que defienden a Rousseff, la misión es probar que las denuncias son “solo faltas administrativas, insuficientes para despojarla de su mandato”.

Cardozo argumenta que “Dilma no malversó fondos públicos y, por lo tanto, no cometió un delito de responsabilidad”. Los préstamos bancarios, además, “no pueden considerarse negligencia hasta que el Tribunal de Cuentas de Brasil no entregue su opinión”, dice, y alega que demostrarán la existencia de una estrategia política para motivar un juicio político, “sin fundamentos, sino como una forma de castigo injustificada”.

Mientras tanto, en la audiencia del miércoles pasado, el secretario de Control Externo del Tribunal de Cuentas del Estado, Tiago Alvez Dutra, ratificó cada uno de los cargos que pesan sobre Rousseff y rechazó la tesis de la defensa que considera que esas irregularidades fueron meros “errores” contables. Según dijo ante la comisión: “lo que diferencia el fraude del error es la intencionalidad, y un error tan reiterado solo puede ser intencional”.

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Se auguran cambios

Marco Aurelio García, asesor de Asuntos Exteriores del Presidente de Brasil, tanto para el gobierno del Lula da Silva como para el de Rousseff, dijo que hay senadores que, si bien votaron en mayo a favor de iniciar el juicio político, hicieron saber en los últimos días que están dispuestos a escuchar argumentos y decidir.

Para García, lo anterior podría revertir la creencia generalizada de que es más alta la probabilidad de que la presidenta sea suspendida, además demuestra cierta insatisfacción con el gobierno transitorio de Michel Temer.

“Se hace cada vez más evidente que él hace parte de la conspiración para sacar a Dilma, representa a un gobierno muy viejo y deja dudas de cómo, elegido en condiciones tan precarias, se atreve a cambiar la política externa, del petróleo y de la política social”, cuestionó el funcionario.

La idea le parece “descabellada” a Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Wilson Center para la Investigación. De acuerdo con el analista, “la posibilidad de que Dilma, completamente desacreditada, pueda sobrevivir al juicio es improbable, no solo porque la presión es muy grande en el Senado, sino porque no tiene ningún apoyo contundente ni en las esferas políticas ni en el mundo económico de Brasil”.

Por último, para Sotero hay un dato político irrebatible, y es que al Partido de los Trabajadores, el de Rousseff, no le interesa tener a una presidenta rechazada y sin popularidad, ya que necesitan pelear las elecciones municipales en octubre próximo. “Si Dilma sigue, las pocas posibilidades que tienen quedarían hechas un desastre por la falta de credibilidad”, sostuvo.

21
miembros tiene la comisión del Senado que tendrá que dar informe el 28 de julio.
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