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Gobierno interino de Bolivia habla de “mente macabra” tras muertes en protestas
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Las familias de las víctimas en Cochabamba, Bolivia, están haciendo funerales públicos para denunciar lo sucedido ante la comunidad internacional. FOTO AFP
El ministro boliviano interino de Gobierno, Arturo Murillo, dijo este sábado desde la ciudad de Cochabamba que ha pedido a la Fiscalía una investigación “transparente” sobre cómo ocurrieron las muertes de nueve personas en los fuertes enfrentamientos contra la fuerza pública.
El funcionario expresó que el Gobierno interino no va a “descansar hasta darle total tranquilidad a la población. “Si hay fallecidos, ¿por qué esconderlos? Tenemos reportes de que tres de los fallecidos tienen disparos en la nuca. Aquí hay una mente macabra que está detrás”.
El defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, confirmó que las víctimas mortales en esa región subieron a nueve y que los heridos son 115, de los cuales uno está muy grave.
Los cocaleros de esa zona, bastión sindical y político de Evo Morales, protestan contra el Gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez, quien asumió tras la renuncia del otrora presidente el pasado domingo.
El ministro Murillo negó que se esté haciendo “cacería a extranjeros”, en referencia a las recientes detenciones de venezolanos y cubanos acusados de financiar y apoyar, presuntamente, las marchas contra el Gobierno de transición.
Este viernes la canciller interina, Karen Longaric, dijo que habló con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, quien dijo que para “no exasperar más la situación y no dañar la relación”, habían decidido “retirar de Bolivia a 725 cubanos que trabajan en diferentes áreas de la cooperación”.
En ese sentido, Murillo confirmó que se reunió con el embajador cubano, quien le dijo “que tiene 18 médicos en Chapare, que no sabe cómo evacuarlos y teme por sus vidas”, por lo que se dispuso la evacuación de esos ciudadanos en helicóptero, en el que serán llevados a la ciudad de Santa Cruz.
Este sábado salió de Bolivia un primer grupo de 226 médicos cubanos desde el aeropuerto Viru Viru, rumbo a su isla de origen.
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Orden público agitado
Grupos de productores de coca afines a Evo Morales se enfrentaron el viernes al Ejército y la Policía por segundo día, en su intento por ingresar a Cochabamba, donde prácticamente se libra una batalla campal. Los manifestantes usaron cargas de dinamita al tiempo que la Policía y las Fuerzas Armadas intentaron dispersarlos con gases lacrimógenos.
Las protestas en Bolivia ya dejan 22 muertos y más de 500 heridos en enfrentamientos desde las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude.
Una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló “graves irregularidades” y pidió repetir las elecciones, tras lo cual Morales anunció su renuncia a la Presidencia y viajó el lunes a México, en calidad de asilado.
De otro lado, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió sobre el rumbo que han tomado las protestas en esa nación, tras las muertes registradas la víspera en Sacaba (Cochabamba), aparentemente por causa de la actuación de las fuerzas de seguridad.
“Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 solo en los últimos seis días”, señaló Bachelet en un comunicado emitido por su oficina en Ginebra.
Añadió que, mientras las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes “parecen derivar de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”.
La alta comisionada advirtió que la situación está evolucionando por un camino “en extremo peligroso, pues, lejos de apaciguar la violencia, es posible que la empeore. El país está dividido y personas de los distintos sectores del espectro político se encuentran indignadas. En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”.
Resaltó que el problema se ha acrecentado por múltiples arrestos y detenciones, entre las que se cuentan más de 600 personas aprehendidas desde el pasado 21 de octubre.
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