La justicia peruana prohibió este viernes la salida del país por 18 meses al expresidente Martín Vizcarra, cuatro días después de que el Congreso lo destituyera por supuesta corrupción cuando era gobernador regional en 2014.
Su destitución y la asunción al poder de Manuel Merino, el jefe parlamentario que asumió el martes, desataron masivas manifestaciones en Lima y otras ciudades, con saldo de una docena de heridos por la represión policial, condenada por organismos de derechos humanos.
La jueza María Álvarez dictó “impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra” por “18 meses”, a pedido de la fiscalía que investiga las denuncias de que el exmandatario recibió 600.000 dólares en sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.
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“Hemos dicho que nos quedamos” en el país, dijo a periodistas Vizcarra, que niega los cargos y cuestiona la legitimidad del gobierno de Merino.
El Congreso destituyó a Vizcarra por “incapacidad moral” el lunes, al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses.
Desde el martes miles de personas han salido a las calles de Lima y otras ciudades en defensa de este político sin partido ni bancada en el Congreso pero muy popular, y para protestar contra el gobierno de Merino.
En medio de una nueva manifestación el jueves, un grupo de personas que intentó llegar al Congreso se enfrentó con piedras y palos a la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos y perdigones. Tras la movilización se reportaron ocho personas detenidas y una docena de heridas; dos por “armas de fuego”.
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La indignación seguía latente la tarde del viernes cuando cientos de jóvenes marcharon desafiantes a la residencia del primer ministro, Antero Flores-Aráoz en Lima.
Al ritmo de cacerolazos avanzaron decenas de cuadras con sus mascarillas -de uso obligatorio por la pandemia- hasta los alrededores de la vivienda donde un cerco policial les impidió seguir.
“Merino no es mi presidente”, “¡Fuera ratas del Congreso!”, se leía en los carteles que llevaban los jóvenes, que superaron el millar en una sorpresiva marcha.
Horas antes, Flores-Aráoz, conservador de viejo cuño de 78 años, los retó a que vayan a su casa porque no entendía sus demandas.
La represión del jueves provocó que organismos de derechos humanos alzaran su voz.
La Defensoría del Pueblo exigió “cesar de forma inmediata uso de gas lacrimógeno y perdigones contra ciudadanas/os que ejercen su derecho a manifestarse”.
“Muy preocupantes los relatos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Perú. La policía debe garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar”, indicó en Twitter José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.
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