La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, realizó una nueva denuncia que pondría en duda la legalidad de los actos administrativos con los que el Inpec permitió la salida de varios voceros de las bandas del Valle de Aburrá para el controvertido evento que encabezó el presidente Gustavo Petro en el Centro Administrativo La Alpujarra el pasado 21 de junio.
Las nuevas denuncias se centran en una resolución modificatoria que tendría presuntas inconsistencias, la más grave asociada a una incongruencia con un correo en el que se habría solicitado el traslado de dos voceros de bandas que inicialmente no aparecían en los listados y que, además, tendría una fecha posterior a la emisión de la misma, según aseveró la corporada.
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La controversia por el trasfondo administrativo alrededor del traslado de varios voceros de bandas que participan en la Mesa de Paz Urbana del gobierno del presidente Gustavo Petro en Medellín se desató pocos días después de que el primer mandatario liderara un evento en la ciudad, que posteriormente fue conocido como “el tarimazo”.
Además de las críticas que recayeron sobre el Gobierno Nacional por compartir tarima en un evento público con cabecillas condenados por graves delitos, en un hecho que generó reparos desde diversos sectores políticos, la controversia también derivó en un pulso jurídico alrededor de presuntas inconsistencias que se habrían producido en los trámites para hacer posible la salida de dichos voceros de la cárcel de Itagüí.
Una de las primeras personas en denunciar dichas presuntas irregularidades fue la concejala Claudia Carrasquilla, además exdirectora contra el Crimen Organizado de la Fiscalía.
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Bajo la óptica de la corporada, quien hizo pública una resolución con la que el Inpec autorizó la llegada de los voceros de las bandas al evento público en La Alpujarra, los funcionarios que firmaron dicho documento, el presidente Gustavo Petro y la senadora Isabel Zuleta, quien ejerce como coordinadora de los diálogos de Paz Urbana en Medellín, habrían incurrido en el delito de prevaricato, aduciendo que, según la ley colombiana que rige al sistema penitenciario, aquellos reclusos ya condenados solo pueden abandonar sus centros de reclusión con autorización de un juez.
“El presidente Gustavo Petro está inmerso en el delito de prevaricato por acción, porque el artículo 22 de la constitución no lo faculta para solicitar el traslado de ninguna persona que se encuentre privada de la libertad, ni siquiera la ley 2272 de 2022”, expresó entonces la concejala.
Además de Carrasquilla, otros concejales como Andrés Tobón también interpusieron denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que Zuleta habría abusado de la función pública.
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Frente a esos primeros señalamientos, la senadora Zuleta le replicó principalmente a Carrasquilla, señalándola de tener un informante en el Inpec.
“(...) sabemos quién es su informante en el Inpec que le pasa información de las resoluciones que es reservada, desesperada porque el vocero José Leonardo Duglas dijo que ella la concejal del CD, sin autorización alguna, sin hacer parte de este proceso de Paz Urbana, desesperada porque develamos sus espectáculos de supuestas capturas cuando era fiscal mientras que eran entregas como gestos de paz. La que tiene rabo de paja es otra”, expresó la senadora.
Aunque esa primera controversia se centró en una primera resolución emitida por el Inpec, identificada como la 005208 del 19 de junio de 2025, varias semanas después la concejala Carrasquilla hizo público un segundo acto administrativo que tendría inconsistencias.
En dicho segundo documento, identificado como la resolución 005304 del 20 de junio de 2025, el objeto aparece descrito como una modificación de la 005208 del 19 de junio de 2025.
Dicha modificación aparece justificada en la necesidad de frenar el traslado de dos reclusos y agregar a otros dos cuyos nombres no aparecían relacionados en la resolución emitida el 19 de junio.
Sin embargo, según señaló Carrasquilla, a la hora de referenciar la situación, la resolución alude a un correo que habría sido enviado por la senadora Isabel Zuleta el sábado 21 de junio, pese a que el acto administrativo supuestamente habría sido emitido un día antes, el viernes 20 de junio.
“A través del correo gobiernopazurbanaANT@presidencia.gov.co recibido el 21/06/2025, la Dra. Isabel Cristina Zuleta López Coordinadora para la Construcción de Paz Urbana ECSJ-Medellín y Valle de Aburrá, solicita el traslado de las PPL ZAPATA RIVERA ELDER DARBEY Y SALAZAR GUTIÉRREZ OSCAR FERNANDO, el día 21 junio de 2025 sin horas, para participación en acto público con el Presidente de la República en vía pública en la plazoleta de La Alpujarra en la ciudad de Medellín”, se lee en la resolución
“Como nunca las trampas quedan bien hechas resulta que dice que enviaron el correo el 21 de junio y la resolución de la modificación quedó con fecha del 20 de junio. Qué mentira tan grande, ¿entonces a quién le creemos? Ustedes por tratar de arreglar la embarrada que hicieron en la primera resolución cuando incurrieron en prevaricato, en falsedad y en favorecimiento en fuga de presos, intentaron corregir la resolución con un error garrafal”, sostuvo Carrasquilla.
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El pasado 13 de julio, Zuleta ya había sostenido por su parte otro cruce con Carrasquilla, señalándola de estar supuestamente saboteando dicho espacio de diálogo y señalándola de presuntamente haber defendido intereses de grupos armados en el pasado.
“Hemos conocido de sus intenciones y búsqueda para hablar con los voceros de las estructuras, le invitamos a que haga las cosas por encima de la mesa, como corresponde, deje esas mañas, en el espacio de conversación socio jurídico siempre será bienvenida y el alcalde también”, dijo Zuleta aquel domingo.
Vea, ¿Cómo va la mesa de paz con las bandas del Valle de Aburrá?:
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