A través de sus actuaciones presuntamente corruptas entre 2003-2015, los esposos y presidentes Kirchner le habrían causado al Estado argentino un perjuicio económico de US$20.000 millones. Eso equivale a 60 billones de pesos colombianos, suficientes para darle techo a más de un millón de familias pobres de nuestro país.
El daño lo estimó la ONG Contadores Forenses. Uno de sus integrantes, Alfredo Popritkin, le explicó a EL COLOMBIANO que el dinero corresponde a los sobrecostos de las obras y las ganancias que se habrían embolsillado Cristina Fernández y su esposo, ya fallecido, Néstor Kirchner, sus amigos y las empresas privadas con las que presuntamente orquestaron el pago de sobornos.
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Popritkin fue perito de la Corte Suprema de Argentina entre 1990-2004 y ha colaborado con la justicia en el esclarecimiento de las supuestas operaciones de lavado de dinero por parte de los Kirchner. Eso le permite afirmar que el apetito por el dinero ilegal de los K, como los conocen en su tierra, no conoció límites. Como ejemplo, indica que, a través de testaferros, llegaron tener más de 40 estancias o haciendas, que sumadas equivalen a un territorio más grande que la ciudad de Buenos Aires (203 kilómetros cuadrados).
Una minúscula porción de esa fortuna de los K se ve reflejada en la Declaración Jurada Patrimonial de la expresidenta del año 2016. Al analizarla, EL COLOMBIANO estableció que Cristina Fernández de Kirchner tiene 202.399 metros cuadrados entre casas, lotes, locales y departamentos, declarados a un costo de adquisición, o sea diferente al valor comercial, de 15,5 millones de pesos argentinos. La suma es similar a lo que reportó en acciones de empresas, 16,1 millones de pesos, mientras que en depósitos declaró 41,6 millones de pesos argentinos.
Esas tres fuentes de riqueza le suman 73,2 millones de pesos argentinos, equivalentes a cerca de dos millones de dólares. Esa, sin embargo, no da ni siquiera una idea de la realidad patrimonial de la expresidenta.
El apartamento de 160 metros cuadrados que tiene en La Recoleta, la zona más costosa de Buenos Aires, y que esta semana le fue allanado, lo declaró por 17.586 pesos argentinos, precio al que fue adquirido en 1980. No obstante, como contador que es, Popritkin estima que si Cristina Fernández fuera a vender ese apartamento, le sacaría cerca de 30 millones de pesos argentinos.
Los K tienen una larga lista de presuntos delitos por los que los investigan y van del enriquecimiento ilícito al lavado de activos. En la causa más publicitada, llamada los Cuadernos de las Coimas, o proceso 9.608, el juez federal Claudio Bonadio acusa a los Kirchner de haber comandado, como Presidentes de Argentina, “una organización delictiva” conformada por funcionarios que recibieron dineros ilegítimos de diversos particulares.
La ONG Poder Ciudadano ve necesario profundizar en los Cuadernos para establecer la “matriz de corrupción” en Argentina”. Germán Emanuele, su director de Transparencia y lucha contra la corrupción, advierte que estas causas judiciales estuvieron dormidas durante 10 años y en 2015 comenzaron a moverse. En su concepto, los 12 años del kirchnerismo y su relación con el poder judicial terminaron deslegitimando a la Justicia y degradando a los órganos de control. “El mismo juez que hoy investiga es el que paralizó las causas en el gobierno de la expresidenta”, anota.
El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, declaró la semana pasada que la causa de los Cuadernos continúa con allanamientos e investigaciones y espera que llegue a juicio oral en los próximos meses.
¿Y será que, esta vez, Cristina termina en la cárcel? Olano lo ve complejo, porque el Ejecutivo ha probado su capacidad para someter al poder Judicial. A ello se suma, según Emanuele, una sociedad fragmentada, entre quienes quieren ver a Cristina presa y quienes la defienden porque creen que es una persecución política”. Y Popritkin agrega un detalle: mientras el Senado no despoje de su fuero a la expresidenta, podría ser condenada una o dos veces, como su homólogo Carlos Menem, y seguir tan libre como el viento.
¿Lázaro el testaferro?
Entre 2010 y 2013 los Kirchner habrían utilizado como testaferro al empresario Lázaro Báez para sacar primero de Argentina US$60 millones y luego repatriar unos US$32 millones, que terminaron contabilizados en Austral Construcciones. El pasado 31 de agosto la Cámara Federal aprobó que Cristina Fernández rinda indagatoria en este caso de lavado de activos o “ruta del dinero”.
El mecanismo era este: por orden de los Kirchner, el empresario Báez se ganó licitaciones amañadas de obra pública en la Provincia de Santa Cruz y, para garantizar la impunidad de ese delito, fue protegido desde las más altas esferas estatales.
El empresario amasó una jugosa fortuna, la misma que posteriormente pasó a los Kirchner mediante operaciones con apariencia lícita de Austral Construcciones, como el pago de alquileres “y la expatriación de divisas, que luego reingresaban al país mediante instrumentos financieros, sin que puedan descartarse algunas otras modalidades de simulación y ocultamiento de esas enormes sumas de dinero”, según palabras de un magistrado de la Cámara Federal.
Por el cargo presidencial de Cristina, y su obligación de declarar y publicar sus bienes, los abonos de Báez fueron sustancialmente menores a los contratos adjudicados.
Entre los mismos Kirchner reciclaban dinero de las coimas
Los Kirchner tienen gran preferencia por los bienes raíces y uno de ellos es el hotel Los Sauces, corazón de una serie de movimientos financieros que, a juicio de los fiscales del caso, tendrían como objeto ocultar el dinero procedente de las coimas y lavarlo.
La asociación delictiva tenía en la cabeza, de nuevo, a los esposos K, “y comenzó a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo de 2003 hasta el día 14 de diciembre de 2016 -día que se dispuso la intervención judicial de Los Sauces y de la sucesión de Néstor Kirchner- con la finalidad de recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle apariencia de origen lícito”. Para el efecto utilizaron un entramado de empresas privadas, propiedad de los beneficiarios con la contratación pública.
En providencias judiciales, se lee que a Florencia, hija de los K, le embargaron 4 millones 664.000 dólares que tenía en una caja de seguridad, ahorros por 1 millón 32.144 dólares y 53.280 pesos argentinos en ahorros. Esa plata daba varias vueltas.
En efecto, el criterio de los fiscales es que, lo más probable, es que ese dinero embargado provenía de la actividad de Los Sauces, pero previamente habría pasado por cuentas de la misma Florencia y de la sucesión de Néstor Kirchner. Entre esa misma sucesión y Los Sauces, “se efectuaron gran cantidad de transferencias emitidas y recibidas entre ellas, sin justificación válida en lo comercial y financiero”. Adicionalmente, se advirtieron muchas vinculaciones comerciales, laborales y financieras entre la familia Kirchner y las empresas de los particulares que se ganaron las licitaciones.
Para los investigadores, el “enjambre societario” generaba “una confusión económica y jurídica de la mayoría de estos patrimonios y podría demostrar un lavado de activos de origen ilícito”.
Así subían la plata hasta los de arriba
Entre 2008-2015, Óscar Bernardo Centeno, conductor al servicio del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de ese mismo ministerio, Roberto Baratta, llevó el detallado registro de las coimas o comisiones que empresarios y contratistas de obra pública les pagaron a los esposos y presidentes Kirchner.
Según informe del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Centeno registró los hechos en anotaciones, fotografías y filmaciones. Los indicios permiten sostener que por lo menos durante 8 años “se efectuaron cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados en la mayoría de las oportunidades en vehículos conducidos por Óscar Bernardo Centeno”. Los cobros los hacían Baratta y otros funcionarios del Ministerio de Planificación, al igual que el presidente de la firma Enarsa. Ellos sacaban la porción que les correspondía y el resto se lo entregaban al secretario privado de De Vido, al jefe de Gabinete de Ministros y al secretario privado de la Presidencia, “quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabeth Fernández y Julio Miguel De Vido”.
Medios como Clarín y La Nación, han revelado que Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, le dijo al fiscal del caso que en 2004 fue citado por De Vido a su oficina, quien le manifestó que por orden del presidente Néstor Kirchner “la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”. Para ello, las empresas interesadas en la licitación se reunían y acordaban el nombre del ganador. Realizada la adjudicación, el valor del anticipo se entregaba como coima. “Mi función era garantizar que el que ganaba la licitación les pagara”, precisó Wagner.
La más reciente de las acciones judiciales en este caso fue el allanamiento, esta semana, de tres propiedades de la expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández. Ella y sus abogados, Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón, reiteraron que la expresidenta es objeto de una persecución y que por presuntas irregularidades que se han presentado en su contra acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La senadora también manifestó que se negaba a retornar a su residencia hasta que no se descartara que le habían dejado cámaras para espiarla o que le hubieran llevado alguna bacteria nociva para su salud.
El reporte del Juzgado 11 indica que al cierre de agosto se habían realizado 70 allanamientos dentro de esta investigación. De ellos, 36 fueron en Buenos Aires, 7 en la Provincia de Misiones, 2 en Santa Cruz y 1 en Mendoza. Estos cobijaron las oficinas de 6 empresas nacionales e internacionales y los domicilios de los exfuncionarios involucrados.
Así mismo, se habían secuestrado más de 250 pinturas de los imputados, valoradas en 41,5 millones de pesos argentinos, o sea más de 1,1 millones de dólares.
En efectivo, se habían secuestrado más de 6 millones 350.000 pesos argentinos, 1 millón 245.000 dólares y más de 235.000 euros. La lista la completan sumas de dinero en moneda chilena, uruguaya y brasileña, 9 armas de fuego, equipos de telefonía móvil y una gran cantidad de autos de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama.
Hasta el cierre de agosto se habían recibido 52 declaraciones indagatorias, lográndose la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron dejadas en libertad y quedando dos con orden de captura.
En esta causa 17 implicados declararon como “arrepentidos”, o sea que dieron información para tratar de quedar libres.
