El juez Julián Ercolini procesó a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
También vinculó al caso al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y al empresario Lázaro Báez, que con su empresa de construcciones se habría beneficiado de contratos para realizar 52 obras.
Según el dictamen de Ercolini, la asociación ilícita funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, y estaba “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial”.
El juez además ordenó un embargo sobre los bienes de cada uno de los acusados de 10.000 millones de pesos argentinos (alrededor de 633 millones de dólares), aunque no contempló prisión preventiva y dejó la posibilidad de apelar.
El término asociación ilícita implica la existencia de una responsabilidad intelectual, dice el analista político argentino Marcos Novaro, para quien, en este caso, el autor de la corrupción sistemática respondería como los de casos de represión militar durante la dictadura, con un peso mayor del de quienes ejecutaron.
Si bien la asociación ilícita prevé en ese país una pena de hasta 10 años, mientras la administración fraudulenta contempla seis, Novaro dice que en términos judiciales es difícil determinar qué seguirá. No obstante, apunta, hay pruebas acumuladas, y lo que el juez trata de hacer es armar una escena completa, que si lo logra, a la defensa le resultará difícil refutarlo.
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