El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, pidió este viernes al presidente, Alejandro Giammattei, renunciar ambos en conjunto con el fin de poder “oxigenar” a la nación centroamericana porque “las cosas en el país no están bien”.
Castillo dijo que en caso de que acepte Giammattei, deberán ser “nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes”, con el apoyo de la iglesia católica y la evangélica, para presentar al Congreso a un grupo de notables que podría ocupar los lugares que quedarían vacantes, de acuerdo a la propuesta hipotética del vicepresidente menos de un año después de asumir el poder.
La declaración de Castillo en rueda de prensa se desató luego de una oleada de protestas en redes sociales en contra de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2021 avalado por Giammattei, y criticado por sumar endeudamiento y por haber sido aprobado de forma opaca y sin discusión en el Congreso durante la madrugada del pasado miércoles.
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Récord de agresiones
Asimismo, el país registró 844 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y setiembre pasados, una cifra histórica en esta nación centroamericana. “Esta cifra representa un aumento histórico de 24 casos más que lo registrado en todo 2014, y 350 casos más que las agresiones documentadas en 2019”, informó en un comunicado la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
El organismo precisó que 14 de las agresiones de este año corresponden a asesinatos, cuatro de cuyas víctimas fueron mujeres, y 22 intentos de asesinato. Además, registró 86 denuncias judiciales sin fundamento, así como 15 detenciones arbitrarias e ilegales, lo que corresponde a intentos de criminalizar a los defensores de derechos humanos.
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“En un contexto de pandemia (por la covid-19), en donde las personas se encontraban recluidas en sus domicilios por largos períodos de tiempo, las personas defensoras siguieron siendo blanco de ataques, incluso mortales”, comentó Jorge Santos, coordinador general de la organización.
Aseguró que esas cifras representan “un patrón de comportamiento que es gravísimo”, y por ello pidió medidas urgentes para resguardar a los defensores.
“La criminalización es un fenómeno que nos preocupa por cuanto implica que el Estado, en vez de garantizar que estas personas puedan ejercer su rol libre de violencia, está imponiendo una lógica represiva y un uso selectivo de su sistema penal”, puntualizó.
