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EFE | Publicado el 16 de enero de 2020
El Salvador necesita nuevos acuerdos de país para garantizar que el proceso de democracia comenzado tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 brinde resultados favorables para la nación, señaló este jueves Óscar Ortiz, secretario general del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El exvicepresidente del país centroamericano, en el que aún persisten los problemas sociales que originaron el pasado conflicto armado, que duró 12 años, como la pobreza y la exclusión social, y diputados de dicho instituto político celebraron con un acto político y cultural el 28 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.
Durante su discurso, Ortiz señaló que “el país demanda de unos nuevos acuerdos para enfrentar los desafíos que se presentan y consolidar el proceso de democracia”.
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“El Salvador no va a salir adelante si no somos capaces de crear una nueva condición y un acuerdo similar y ejemplar como fue el tratado de 1992, solo que ahora se debe de tomar en cuenta que estamos en otro tiempo, tenemos nuevos desafíos y tenemos a una nueva generación que demanda paz, justicia y democracia”, manifestó el político.
Señaló la democracia alcanzada hace 28 años con la firma de la paz “es importante, es buena y debemos defenderla, pero no debemos quedarnos ahí y hay que seguir desarrollando un mejor país, más próspero y con más desarrollo”.
El expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), quien también asistió al evento, buscó en 2017 que se crearan unos nuevos acuerdos de nación en favor de la paz, por lo que pidió el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la iniciativa quedó inconclusa.
Los Acuerdos de Paz firmados tal día como hoy pusieron fin a doce años de conflicto armado en los que murieron unas 75.000 personas, desaparecieron otras 8.000 y resultaron lisiadas al menos 40.000, entre ambos bandos.
Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero FMLN, apoyado por la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua, ahora partido de oposición, se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos.
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Durante la guerra, se cometieron crímenes contra civiles, atribuidos principalmente al Ejército, entre los que destacan el asesinato del ahora san Óscar Arnulfo Romero, 6 padres jesuitas y la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote.
En la actualidad, El Salvador vive una “guerra” no declarada entre las autoridades y las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, quienes son acusadas de mantener los altos índices de homicidios y otros crímenes que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.
Para distintos sectores de la sociedad el principal acuerdo del pacto de paz, la reparación de las víctimas, sigue inconcluso.