A la Terminal del Norte de Medellín llegaron 110 ciudadanos venezolanos pidiendo ayuda para viajar hacia Cúcuta, ciudad próxima al municipio de Villa del Rosario, fronterizo con Venezuela, para poder retornar a casa porque la contingencia del coronavirus los dejó sin un sustento: vivían de una informalidad dependiente de que la gente esté en la calle ayudándoles.
No lo lograron. Los buses están suspendidos y no tenían permisos para movilizarse, pero la Secretaría de Inclusión Social los trasladó a un albergue. Esa imagen se ha repetido en varios lugares del país. En Bogotá, la Alcaldía dispuso de catorce buses para esta población, otros 20 más partieron desde Cali y en Rionegro la administración municipal tuvo la misma iniciativa. Desde que comenzó el aislamiento han retornado 14 mil ciudadanos de ese país, según el reporte de Migración Colombia.
Pero los traslados están detenidos porque dependen de la capacidad de Venezuela de recibir a estas personas. Diariamente cruzan por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, y por el Antonio Páez, en Arauca, 200 personas, 100 en cada uno de los pasos fronterizos: los que la administración de Nicolás Maduro está recibiendo en el territorio vecino.
Embudo migratorio
Ese retorno voluntario tiene que hacerse en coordinación con las alcaldías y Migración Colombia, que articula las disposiciones del Gobierno Nacional en este materia. En el fondo, esos viajes evidencian que algunas administraciones municipales no estaban preparadas para enfrentar una contingencia migratoria que se mezcló con un impasse más: el coronavirus.
“No es una política abierta, pero algunos alcaldes prefieren pagar un bus para sacar a los venezolanos en lugar de generar políticas migratorias que atiendan a las personas que están en condición de vulnerabilidad. Están generando dinámicas para el retorno cuando patrocinan su regreso a la frontera”, apunta el investigador del Observatorio de Venezuela de la U. del Rosario, Ronal Rodríguez.
A los alcaldes actuales, que solo llevan en el poder cuatro meses y apenas están presentando sus planes de desarrollo, les correspondió atender una contingencia en migración sin precedentes, haciendo frente a una población que tiene requerimientos similares a la de algunos colombianos: la condición de pobreza, la necesidad de un techo y apoyo para no pasar hambre.
Colombia avanzó en la regularización de esta población a través del Permiso Especial de Permanencia, la tarjeta de movilidad fronteriza, la nacionalidad para los hijos de migrantes nacidos en el país, su inclusión en la educación pública, en los programas de atención del ICBF, entre otros. No obstante, con la pandemia surgieron interrogantes como quién los debe acoger en esta coyuntura.
En Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López pidió a Migración Colombia atenderlos y la entidad le respondió que esto no hacía parte de sus competencias. “El Estado ha hecho mucho por esta población, pero ha sido una política reactiva, fragmentaria, débil y limitada. La cuarentena muestra que esos mecanismos no son idóneos para lograr una articulación en torno a los migrantes”, afirma la directora del Centro de Estudios en Migración de la U. de los Andes, Carolina Moreno.
Desde el gobierno ya hay un compromiso claro con los venezolanos. El gerente de Fronteras, Felipe Muñoz, está convencido de que “así como la covid no pide pasaporte, la respuesta del Gobierno tampoco debe hacerlo”. Muñoz, quien lleva dos años al frente de este fenómeno, asegura que “ahora el desafío de los alcaldes es subirse al bus del tema migratorio mucho más rápido de lo que estaban esperando. Es un tema nacional y prioritario para la planeación de sus administraciones. Es indispensable que la migración se incluya dentro de los Planes de Desarrollo”.
Venezolanos en el país
Más de 1 millón 825 mil venezolanos están radicados en el territorio nacional, según el reporte que entregó en abril Migración Colombia, cuyo censo se terminó el 29 de febrero. Esto evidencia que el número de retornados (14 mil) es bastante inferior respecto a la cifra de ciudadanos que se han radicado en Colombia.
No obstante, llama la atención que el 56 % de ellos están en el país de manera irregular, sin tener su documentación al día. Desde 2014, cuando comenzó el fenómeno migratorio a medida que se agudizaba la crisis de Venezuela, un grupo significativo de ciudadanos ha tenido una dinámica de migración pendular: están en Colombia, trabajan y luego retornan a Venezuela por un periodo para después volver a trabajar acá.
Por ese antecedente, el profesor Rodríguez señala que no está claro si los migrantes que han retornado en las últimas semanas regresarán después de la contingencia del coronavirus y es probable que “muchos de ellos quieran mantener esa lógica de pendularidad”. Al final, también queda el interrogante de qué sucede con estas personas cuando pisan territorio venezolano porque el transporte público para llegar a sus ciudades tiene problemas por la falta de combustible y el país está en riesgo de hambre según la FAO.
