Dos medidas tomadas por el presidente Jimmy Morales rebosaron la copa de la tolerancia del pueblo guatemalteco frente a la corrupción de su aparato político y económico: la decisión del Ejecutivo de no renovarle el mandato a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la orden de no dejar entrar al país al jefe de esa comisión, el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez.
La agencia EFE registró que centenares de indígenas bloquearon ayer vías en jurisdicción de Las Tampas, Los Encuentros y la Cullilla, en la Ruta Interamericana. Ese es apenas el comienzo. La Conferencia de Religiosos de Guatemala realizará el “peregrinaje de la indignación” hacia la Corte de Constitucionalidad, en donde se presentaron una serie de amparos, o tutelas, contra las determinaciones de Morales.
Así mismo, el Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala se reunió con 60 organizaciones populares, para acordar la creación de una Asamblea de Movimientos Sociales que comandará las protestas contra el presidente de la República. Las manifestaciones comenzarán el próximo lunes y no se descarta que incluyan un paro nacional.
Augusto Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, le explicó a EL COLOMBIANO que durante la pasada campaña electoral, Jimmy Morales se mostró amigo de la CICIG y hasta respaldó el trabajo de Iván Velásquez. Su perspectiva cambió cuando la CICIG y el Ministerio Público lo investigaron por el presunto financiamiento ilícito de su campaña presidencial en 2015.
El monto que entró a la campaña de Morales, y que no fue declarado ante las autoridades electorales, supera el millón de dólares. De manera pública, cinco empresarios reconocieron haber cometido ese delito y están respondiendo por ello ante las autoridades judiciales.
Para que Morales sea vinculado al proceso, es preciso que la Corte Suprema de Justicia le quite su inmunidad y que tal decisión sea luego aprobada por, mínimo, 105 congresistas, un asunto difícil de lograr porque el presidente tiene mayorías en el poder Legislativo.
Según el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, en algunos sectores de opinión se teme que Morales esté planeando una suerte de golpe de Estado, pues ya dijo que no acatará ninguna decisión emanada de la Corte de Constitucionalidad que considere ilegal y en la que se tramitan varios amparos o tutelas a favor de la CICIG.
Campea la corrupción
Este es el segundo incidente de Velásquez con Morales. En agosto de 2017, este último declaró persona no grata al jurista colombiano. Esa fue su reacción a la solicitud que la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala le hicieron a la Corte Suprema de Justicia para que le levantara la inmunidad al presidente, por el presunto delito de financiación ilícita de su campaña proselistista.
“Aquí la situación es muy delicada. Este país tiene de vieja data un problema estructural, con prácticas corruptas en la etapa electoral. Los dineros fluyen por todas partes y luego se pagan los favores con contratos y comisiones”, comentó desde Ciudad de Guatemala, bajo reserva, un consultor colombiano.
En concepto de la misma fuente, ese dinero ilegal fluye por todas partes y llevó a casos como el de un ministro que salió del gobierno para lanzarse como candidato a la presidencia, con un poder económico tan grande que compró hasta un partido político y medios de comunicación para que le hicieran propaganda.
Desde 2007, cuando se creó, la tarea de la CICIG es hacer investigaciones paralelas sobre esa criminalidad. Entre sus logros, la misma comisión destaca: la identificación de más de 60 estructuras ilegales; más de 680 personas procesadas; 34 propuestas de reformas legales; más de 100 casos presentados a la justicia; más de 310 personas condenadas y 116 que huyen de la justicia guatemalteca.
Abogados locales que conocen el trabajo de la CICIG destacaron que parte de su éxito radica en el gran nivel de independencia que tiene y el vital apoyo que le ha brindado la Fiscalía de Guatemala.
Entre los procesos emblemáticos, en los que ha participado Iván Velásquez, se menciona el de Byron Lima Oliva y cuatro integrantes de su organización criminal, que lavaban dineros y hacían cobros ilegales para favorecer a reos en las cárceles guatemaltecas.
La CICIG también estableció, en el caso de La Línea, cómo desde la Presidencia de Guatemala se creó una aduana paralela para defraudar al Estado. Al proceso fue vinculado el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxanna Baldetti y otras 26 personas.
Otro expresidente, Álvaro Colom, y 12 integrantes de su gabinete (2008-2012), terminaron comprometidos en la investigación sobre la implementación de un sistema de transporte urbano, que sirvió para robarle al Estado 270 millones de quetzales, o sea 35,5 millones de dólares.
