Una historia de diecinueve años de Guerra en Afganistán ya está en los folios de la Corte Penal Internacional. Ayer se conoció que el tribunal tiene luz verde para investigar los presuntos crímenes cometidos en el país después del 1 de mayo de 2003. Los actores bajo la mira de la corte son soldados estadounidenses, los talibanes y las fuerzas del estado afgano.
La apertura del expediente es un hito que tuvo sus tropiezos. En 2017, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, solicitó autorización para abrir una investigación. Esa fue rechazada por la Sala de Cuestiones Preliminares II en abril del año pasado, al considerar que no redundaría en el interés de la justicia. No obstante, ayer esa decisión fue apelada, abriendo paso a la pesquisa. Desde abril Estados Unidos le quitó la visa a la fiscal Bensouda.
La investigación llega días después de la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, que contempla puntos como la salida de las tropas internacionales, la retirada de las sanciones de Washington sobre ese país de Asia del Sur y el intercambio de prisioneros. Ese trato es, además, la base que impulsa el inicio de la negociación entre el gobierno afgano, la oposición y la sociedad civil programada para el 10 de marzo.
Los señalados por la guerra
Las profesoras de la Facultad de Derecho de la U. de La Sabana, Juana Acosta y Ana Idárraga, explican que “si bien ya existe una base suficiente para creer que crímenes internacionales fueron cometidos en Afganistán, ahora se deberán identificar a las personas presuntamente responsables”.
La CPI se encarga de juzgar a individuos y no a estados. No obstante, solo puede sentenciar a ciudadanos de los firmantes del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la corte, y EE. UU. no hace parte de estos. Ante ese escenario, para sentenciar a un soldado norteamericano se necesitara que el Consejo de Seguridad de ONU apruebe una resolución que dé vía libre al dictamen, pero Washington tiene poder de vetarlo.
Así las cosas, que se falle contra uno de sus ciudadanos es una tarea difícil. Lo que sí puede pasar, dice el maestro en estudios de Medio Oriente de la U. Católica de Milán, Juan Sebastián Brizneda, es que en el expediente de la CPI quede el presente de crímenes que habrían cometido los estadounidenses. “Que haya noción de justicia en el conflicto afgano es importante y el único ente que se ha pronunciado en este ámbito ha sido la CPI. La paz sin justicia no será completa”, considera.
Afganistán entra a un terreno que rindió ante la justicia a políticos como el exvicepresidente de la República Democrática de Congo, Jean-Pierre Bemba; el mismo arbitraje que hoy tiene una orden de arresto contra el exmandatario de Sudán, Omar al Bashir; o que comenzó una investigación preliminar contra el ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro. No hay tiempo estipulado para ese proceso y al menos en el papel quedarían los nombres de los actores de una guerra que comenzó con la invasión de 2001 y que hoy parece terminar.
