Pasaron casi 24 años desde el primer y último proceso de impeachment (destitución) que vivió un mandatario en la historia moderna de la democracia brasileña. El juzgado fue Fernando Collor de Melho, en 1992, tras el escándalo sobre sobornos a cambio de contratos. Hoy, en medio de un caso similar, la Cámara de Diputados debate en su segundo día sobre si aprueba el domingo que el Senado juzgue políticamente a Dilma Rousseff en mayo.
El jurista Miguel Reale Júnior, uno de los firmantes del pedido de destitución, afirmó ayer, según reportó Efe, que las “maniobras fiscales ilegales” vistas en el informe que presentó el año pasado el gobierno sobre sus cuentas de 2014, y que provocaron la acusación, “destruyeron la economía del país”.
En un discurso ante el pleno de la Cámara, Reale respondió a los señalamientos de la mandataria sobre una prevista intentona golpista. “¿Hubo un golpe en Brasil? Sí, el golpe fue enmascarar la situación fiscal del país hasta llegar al punto de quiebra en que se encuentra hoy”, argumentó.
¿Una votación perdida?
En los últimos días la mandataria ha reiterado su pesimismo respecto a la votación del domingo, y a la vez ha continuado acusando a los opositores y otros partidos (entre ellos parte del Pmdb, que hacía coalición con el oficialista PT), de conspirar en su contra.
“Si había duda sobre el golpe, la farsa y la traición, alguna duda sobre mi denuncia, ya no queda ninguna”, afirmó en un discurso.
Entretanto, el país se ve cada vez más dividido, puesto que distintas marchas a favor y en contra polarizan a los brasileños, haciendo realidad el peor temor de Beatriz Miranda, subdirectora académica del Instituto Brasil Colombia (Ibraco): “Lo más seguro es que perderá el PT en la votación, porque la base aliada lo ha abandonado. Inician meses muy difíciles para el país, de enfrentamiento entre la ciudadanía. A diferencia del impeachment de Collor en el 92, ahora no se ha comprobado ese crimen de responsabilidad de Rousseff, pero aún así el proceso sigue adelante”.
“Más aún, la crisis del país se agudizará porque es un proceso largo —el 15 de mayo debatiría el Senado—, que va a desgastar a todas las instituciones. El país está parado y la debacle política tampoco se puede separar de la económica”, advirtió.
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