El Congreso español aprobó con 177 votos a favor el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. González se encuentra bajo la condición de asilado político en este país desde el fin de semana. Salió de Caracas afirmando que su vida corría peligro.
La proposición impulsada por el Partido Popular (PP), contó con un amplio respaldo aunque también tuvo detractores. Si bien la norma tiene un valor simbólico y no implica una acción directa sobre la política internacional, si tiene una hoja de ruta que insta al Gobierno español a tomar una serie de medidas que podrían cambiar el panorama para Venezuela.
El reconocimiento de González fue rechazado por el PSOE, Sumar y sus aliados, quienes sumaron 164 votos en contra y una abstención.
El texto aprobado por el Congreso se basa en la negativa persistente de las autoridades electorales venezolanas a divulgar los resultados de manera oportuna, la publicación de un 83.5% de las actas verificables por parte de la oposición, y las declaraciones de organismos internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, que han confirmado la legitimidad del resultado electoral.
El Gobierno español, junto con los 27 miembros de la Unión Europea, sigue buscando “plena transparencia” en el proceso electoral y la entrega completa de las actas, según ha declarado este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría.
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“Hoy hemos obtenido otra gran victoria más. Avanzamos! Los venezolanos agradecemos a cada uno de los diputados, de los distintos partidos, que votaron a favor de la Soberanía Popular, la democracia, la verdad y la Libertad”, dijo María Corina Machado, celebrando la decisión.
El objetivo final del respaldo internacional es asegurar que Edmundo González tome posesión de la presidencia el 10 de enero de 2025. Además, el Congreso ha exigido que el régimen de Nicolás Maduro cese de inmediato la represión contra las protestas pacíficas y libere a los presos políticos.
La resolución demanda que se reconozca a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como los “únicos interlocutores legítimos” en las negociaciones para la transición democrática en Venezuela.
En el ámbito internacional, se insta al Ejecutivo español a liderar iniciativas que garanticen el respeto al voto de los venezolanos y promuevan un proceso de transición hacia un sistema basado en derechos y libertades.
También se exige al Gobierno que promueva en la Unión Europea la reinstauración de sanciones contra los dirigentes del régimen de Maduro, las cuales fueron levantadas antes de las elecciones como gesto de “buena voluntad”, pero que se consideran ineficaces. Asimismo, se solicita que estas sanciones se amplíen para abarcar los intereses económicos de los colaboradores del régimen.
Finalmente, el Congreso ha solicitado la comparecencia de la dirección del Centro Carter para explicar sus conclusiones sobre las elecciones venezolanas y apoyar las iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas, especialmente aquellas orientadas a mantener viva la movilización en defensa del resultado electoral.