Pasaron cinco años y medio desde el anuncio del fin de sus acciones violentas, y apenas ayer la organización separatista armada vasca ETA reveló que quiere desarmarse por completo y unilateralmente de aquí al 8 de abril.
“El gobierno vasco otorga credibilidad a esta posibilidad de desarme final a corto plazo”, reveló en rueda de prensa el presidente regional, Íñigo Urkullu, y solicitó “altura de miras y canales de comunicación directos” a los gobiernos español y francés, que han exigido varias veces el desarme y disolución de la organización, considerada terrorista por la Unión Europea.
Aunque ETA es un grupo inactivo desde hace media década y su arsenal es pequeño, para Vicenc Fisas, exdirector de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, las dificultades para llegar a esta etapa fueron dadas sobre todo por la inoperancia del Gobierno.
“El problema estaba, y aún está, en que los servicios de inteligencia españoles y franceses conocen con bastante detalle dónde los etarras guardan las armas, y cada vez que estos intentaban abandonarlas, la policía los perseguía y los detenía”, detalla el experto, para quien es claro que el Gobierno español ha obstaculizado así la entrega.
Sobre el procedimiento, que el grupo no detalló, Fisas comenta que el planteamiento siempre fue entregar las armas a una comisión internacional, y no a las policías española y francesa, ya que de esa forma sentirían que estaban en una especie de rendición.
En esa medida, espera que el procedimiento pueda tener garantías similares a las de Colombia, donde Naciones Unidas está a cargo de recibir las armas, contabilizarlas y registrarlas, destruirlas y hacer posteriormente tres monumentos con ese material.
De acuerdo con Fisas, aunque hace cinco años se abrió un proceso “largo, lento, complejo”, de reconciliación, ahora falta que ETA se autodisuelva y que “sus siglas hayan pasado a la historia”, eso sí, con medidas de justicia transicional de parte del Gobierno.
