Fue un discurso del Papa Pío XII el que comenzó a acercar al expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con la política. Rodríguez recuerda ese momento mientras relata cómo ve la actualidad latinoamericana en una conversación con EL COLOMBIANO.
Habla pausado, pero su vida ha sido convulsa. Él, desde hace cuarenta años, viste una corbata negra como símbolo del recuerdo de su hijo Miguel Alberto, quien falleció en 1979 y cuyo luto decidió guardar de por vida.
Luego de ser mandatario del país entre 1998 y 2002, fue elegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos, cargo que ostentó por solo un mes porque fue señalado de corrupción en su país. Dimitió para enfrentar la investigación y al pisar suelo costarricense fue capturado.
Con el tiempo la justicia lo declaró inocente. A sus 79 años, casi 80, como dice, estas son sus perspectivas de la política latinoamericana.
Usted dice que hay amenazas en la región, ¿cuáles?
“Surgió una amenaza con la pérdida de prestigio de la política, de los partidos, de las élites. Vemos el ejemplo de hasta dónde puede llegar con lo que ocurre en Venezuela”.
Entonces, ¿el régimen afecta la estabilidad?
“Sin duda. Primero, por la migración que se genera. Segundo, por el contagio. Esto podría hacer que esos regímenes entren a otros lugares. De Cuba a Venezuela, de estos dos a Nicaragua. ¿Por qué no a otros? La democracia es una institución frágil porque se basa en la cultura; la dictadura, en el poder de los tanques”.
Con esa idea de “contagio”, ¿la crisis de Venezuela viene del régimen cubano?
“Lo influye. Viene de un proceso en el que el pueblo elige a un dirigente que intentó dar un golpe de Estado y que, sin embargo, es llevado a un modelo democrático, pero que se consolida centralizando la autoridad. El poder corrompe, quien lo ejerce por mucho tiempo pierde la capacidad de entender, de tener la empatía que lo llevó a ser elegido y lo aisla de la gente”.
¿Bolivia vive un riesgo igual con la reelección de Evo?
“No tengo la menor duda. Se hizo un proceso con irregularidades que irrespetó al Estado de derecho cuando se modificó la Constitución para decir que hay una capacidad de reelección indefinida, como lo argumentó Evo, bajo un supuesto de ‘derecho humano a ser reelecto’”.