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30 días para demostrar que “Santrich” está muerto: el plazo para fiscales de EE. UU.
Una corte federal insiste en que se pruebe antes de cancelar los procesos que se siguen en contra del exFarc y disidente.
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“Santrich” fue abatido en el que era su campamento en Zulia (Venezuela), el 17 de mayo de 2021. FOTO: COLPRENSA/Álvaro Tavera
19 de octubre de 2022
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Sobre la muerte del exjefe y disidente de las Farc Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, no han surgido mayores incógnitas en Colombia. De hecho, desde su abatimiento en Zulia (Venezuela), el 17 de mayo de 2021, su nombre solo ha estado en la discusión pública en los meses recientes, debido al supuesto entrampamiento que le hicieron antes de rearmarse, según lo reveló un informe de la Comisión de la Verdad.
Sin embargo, en Estados Unidos aún no están convencidos de la muerte del exjefe guerrillero. Así lo dejó ver una nueva solicitud de la jueza del distrito sur de Nueva York, Valerie Caproni, quien el pasado 3 de octubre pidió a los fiscales del caso confirmar el deceso de “Santrich”, de acuerdo con lo conocido por El Tiempo.
En un comienzo, la jueza dio cuatro días para atender al requerimiento. Sin embargo, le solicitaron una prórroga de 30 días, lo que les dará a los investigadores hasta el 10 de noviembre para demostrar que el jefe disidente murió.
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La insistencia que carga la solicitud de Caproni, encargada del caso, se debe a que la confirmación de la muerte del exjefe de las Farc cancelaría los procesos judiciales que se adelantan en su contra por narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos. Es por eso que, dada la magnitud de las implicaciones, deben existir pruebas “de peso” que demuestren el abatimiento.
Los fiscales del caso también le solicitaron a la jueza que “esta coyuntura” se mantuviera “bajo sello”, es decir, en privado. Aunque no especificaron las razones de la petición, que fue rechazada por la jueza, allegados a “Santrich” le dijeron a El Tiempo que puede deberse a que, supuestamente, oficiales de inteligencia colombianos participaron en este y otros ataques a miembros de la disidencia de la “Segunda Marquetalia”.
Según confirmaron los propios disidentes en su momento, un comando armado abatió al exjefe guerrillero y se llevó la falange de su meñique derecho para cobrar la recompensa de 10 millones de dólares, aprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, ni la coincidencia de la huella dactilar con los registros oficiales convenció al gobierno del país norteamericano, por lo que la CIA ordenó no pagar la recompensa, que al sol de hoy continúa vigente.
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