Desde la mañana del jueves 12 de mayo, cuando el Senado de Brasil confirmaba que 55 de sus 80 miembros aprobaban el inicio de un juicio político contra Dilma Rousseff, un grupo de nueve abogados particulares se concentraron en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial a la que la mandataria se mudó con sus colaboradores más cercanos mientras transcurren los seis meses que podría tardar el veredicto de su permanencia en el poder.
Distribuidos en varias habitaciones del recinto, en jornada continua (incluso durante el fin de semana) y acompañados por la presidenta, el equipo ha trabajado en la preparación de un escrito de defensa que presentará al Senado el próximo 31 de mayo, y en el que se argumentará que no existen indicios preliminares que prueben las faltas por las que se le acusa: maquillar las cuentas fiscales de Brasil en 2014 y promulgar seis decretos para abrir créditos por 725 millones de dólares sin el aval del Congreso.
Así lo reveló a EL COLOMBIANO José Eduardo Cardozo, ministro de Justicia de Brasil hasta febrero y hoy cabeza de la Abogacía General de la Unión (el órgano defensor del Estado), para quien lo sucedido con Rousseff es “un claro golpe de Estado disfrazado de decisión política” y “una violación a la Constitución y a las leyes que la garantizan”.
Cardozo, que aceptó “en defensa de la democracia” ser el abogado personal de la líder y coordinar al grupo de juristas que trabajarán con ella durante el juicio político y eventualmente en otras acciones, cuenta que si bien el Senado aún no ha definido un calendario con fechas de audiencias, también trabajan de manera paralela en la recolección de pruebas de peritaje y en la elaboración de una posible lista de testigos que podrían hablar durante los próximos 180 días.
Según el coordinador, la defensa irá en dos líneas. Por un lado, demostrarán que el actuar de Rousseff por el que se le acusa “no es cierta, tampoco está al margen de la ley ni afectó las metas fiscales del país”.
Además, continuó, “los pagos de los que la responsabilizan fueron solicitados por órganos oficiales, pero como no le correspondían a ella, los realizó el Ministerio de Hacienda, que entonces sería el verdadero responsable”.
No obstante, advirtió, las prácticas por las que acusan a la presidenta fueron comunes en gobiernos anteriores sin que hubiera implicaciones. El abogado pone el caso de Henrique Cardozo, gobernante hasta 2002, y quien, dice él, firmó 101 decretos bastante parecidos a los 6 que firmó Rousseff. “Es muy curioso que lo que hoy es un crimen no lo haya sido ayer. Se necesita una interpretación”, añadió.
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