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La crisis en Perú: represión, enfrentamientos y muertos
En solo dos días se han reportado 20 muertes y 52 heridos.
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En dos días se han reportado 20 muertos y 52 heridos por protestas en Perú. FOTO: AFP
Las protestas en Perú siguen desatadas luego de la caída del presidente Pedro Castillo, quien pagará 18 meses de prisión preventiva. Los enfrentamientos entre militares y manifestantes ya han dejado 20 muertos.
Este jueves, en medio de un intento de toma del aeropuerto de Ayacucho, la represión del Ejército causó la muerte de ocho personas y dejó 52 heridos. Las identidades de las víctimas aun no se conoce. “En Ayacucho tenemos ocho fallecidos en la jornada de manifestaciones y enfrentamientos con el ejército”, dijo la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Las Fuerzas Armadas intervinieron en el control de la seguridad interna tras la declaratoria de un estado de emergencia para contener las manifestaciones. “Hubo un intento de toma del aeropuerto, que estaba bajo el control del ejército. Al verse rodeados y que la masa se iba acercando, lo que señalan (los reportes) es que habrían dado la orden de ‘alto’ (antes de disparar), luego disparos al aire pero después han sido disparos al cuerpo”, explicó.
Además, detalló que los manifestantes portaban hondas y piedras. “Esto amerita una investigación penal, estás personas han fallecido por impacto de bala”, consideró.
Frente a esto, el Gobierno decretó toque de queda durante cinco días en 15 provincias en ocho regiones del país. Es decir que las personas que salgan de sus casas podrán ser detenidas en los siguientes lugares: Arequipa (Arequipa), Virú (La Libertad), Ica (Ica), Pisco (Ica), Andahuaylas (Apurímac), Chincheros (Apurímac), Cusco (Cusco), La Convención (Cusco), Chumbivilcas (Cusco), Espinar (Cusco), Carabaya (Puno), San Román/distrito Juliaca (Puno), Tayacaja (Huancavelica), Angaraes (Huancavelica), Cangallo (Ayacucho).
Las manifestaciones estallaron luego de que Castillo intentó dar un autogolpe de estado, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. Justificó su decisión en que la oposición no le permitía ejercer su labor y que recibía tratos racistas.
Sin embargo, Castillo no encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al intento de quebrar el orden democrático. Fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la embajada de México para asilarse. Permanecerá preso para ser investigado por rebelión hasta junio de 2024.
Las manifestaciones piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
