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Entre el esplendor de rascacielos impensables y hoteles de siete estrellas, de islas artificiales con sus playas para millonarios y verdes campos de golf como oasis en medio del desierto árabe, se esconde una problemática que cada día más organizaciones y activistas denuncian, aunque parece no importarle al mundo: la esclavitud moderna.
Y salen a la luz esas imágenes de opulencia porque en naciones petroleras del Golfo Pérsico —como Emiratos Árabes Unidos y Catar—, es de donde están surgiendo los más escabrosos relatos sobre un flagelo que está lejos de ser superado incluso en algunas sociedades desarrolladas.
Más aún, tal como recalcaron expertos en diálogo con EL COLOMBIANO, es por la ambición del dinero, y por una promesa de fácil plusvalía que no repara dignidades, que hoy se mantiene la esclavitud en casi todo el mundo.
Según cifras de The Global Slavery Index (índice de esclavitud global), elaborado por la ONG Walk Free Foundation, en 2014 había 36 millones de personas en condición de esclavitud moderna, 61 por ciento de ellos ubicados en solo cinco países: India, China, Pakistán, Rusia y Uzbekistán.
La organización también señala a seis gobiernos, bien sea por omitir esta problemática o por no hacer lo suficiente para combatirla teniendo altos recursos para hacerlo: Brunei, Kuwait, Hong Kong, Catar, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
Es claro que, en el papel, ningún país permite que las personas estén legalmente encadenadas y sean golpeadas y vendidas como si fueran una propiedad. Pero hoy en día son otras las formas para terminar esclavizando a una persona, y se reiteran en distintas regiones del mundo sin importar el contexto.
La forma de esclavitud moderna más común es la llamada “servidumbre por deudas colaterales”, en donde personas que han recibido préstamos se comprometen a servir al esclavista. Generalmente, en dicho pacto los esclavos incluyen a sus familias y les toma muchos años saldar su deuda.
Por este motivo, también se trata en general del colectivo migrante que, proveniente de tierras lejanas, tiene pocas garantías y herramientas para defender su dignidad.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Víctor de Currea-Lugo, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, explica los motivos que hacen de la esclavitud un riesgo para el migrante.
“La mano de obra extranjera y pobre da la posibilidad a empresas de explotar por menor precio a los trabajadores, sin que haya que pagarles prestaciones y ayudas. Es rentable para países como Catar tener mano de obra barata que inmigra ilegalmente, porque al ser explotados no tienen la posibilidad de reclamar sus derechos”, asegura.
“Otro factor que los hace más vulnerables ante las redes de trata para explotación laboral es que además de no tener documentos, no conocen el idioma y a partir de ahí son fácilmente vulnerados”.
Así, tal como concuerda María Teresa Palacios, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y experta en migración, “la indefensión en la que se encuentran y las barreras legales para poder acceder a la justicia y activar mecanismos para su protección, la situación de irregularidad, convierte a los migrantes en individuos ‘sin derechos’, por lo que se puede afirmar que es la negación casi absoluta de su dignidad”.
Son numerosos los medios de comunicación (Vice, BBC, entre otros), que han denunciado la sangre que se esconde tras el esplendor de Dubái o Abu Dhabi, y la masiva utilización de esclavos en la construcción de los estadios para el Mundial de fútbol de 2022 en Catar.
El canadiense Vice ha realizado reportajes en los que denuncia que en dichos emiratos hay una estrategia muy concreta para esclavizar migrantes, generalmente provenientes de países como India, Pakistán y Bangladesh: aún si tienen documentos, las autoridades se los decomisan y piden una cifra de dinero alta para devolverlos. Así, estos tienen que trabajar por años solo para poder tener de vuelta el pasaporte y volver a su tierra, con sus familias.
El medio señala a gobiernos como el de Emiratos Árabes Unidos de fomentar esta práctica porque consideran que los beneficios económicos de la misma están encima de cualquier otra consideración.
De Currea-Lugo matiza su opinión respecto a este asunto, aunque sí cree que hay una responsabilidad de dichos Estados: “no creo que sea la acción de los gobiernos, pero sí la omisión. Hay una lógica de mercado que favorece ese tipo de prácticas y que los funcionarios las omitan. Es un lobby de las empresas privadas, que saben que la legalización de estos colectivos no es rentable para ellas”, argumenta.
Para Palacios, por su parte, “en algunos lugares del mundo las autoridades de los Estados toleran situaciones en las que se desconocen los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Bajo estos supuestos se configuraría una eventual responsabilidad internacional del gobierno por omisión”.