Como en una tetera a punto de hervir, las aguas políticas en Perú vuelven a subir de temperatura por cuenta de los frecuentes choques entre las ramas del poder público.
El termómetro se elevó hasta tal punto, que el sábado el presidente de ese país, Martín Vizcarra Cornejo, anunció que abandonará su fuero y se pondrá a disposición de la Fiscalía para ser investigado por presuntos actos de corrupción.
La confrontación empezó el pasado 29 de mayo, cuando Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarthe anunciaron en una alocución que presentarán ante el Congreso una Cuestión de Confianza, herramienta constitucional que se utiliza ante inminentes crisis de gobernabilidad.
El mecanismo supone que Del Solar le pregunte al Legislativo en un debate, si sigue confiando en el Ejecutivo y su capacidad de llevar las riendas del país, al mismo tiempo que presenta una serie de proyectos de ley con reformas políticas.
En este caso, según explicó Del Solar, el paquete normativo pretende limitar el fuero de congresistas y altos funcionarios, negar la candidatura a cargos de elección popular a políticos que han sido condenados por la justicia e implementar un sistema de consultas internas en los partidos para que los ciudadanos puedan elegir a sus candidatos.
Si el voto del Congreso es negativo, la Cuestión de Confianza se declara negada, se hunden los proyectos y Del Solar, junto a todo el gabinete de ministros, debe presentar su renuncia.
Si es la primera vez que la Cuestión de Confianza se niega en un período presidencial, el mandatario debe conformar un nuevo equipo ministerial, tal como ya ocurrió para Vizcarra en septiembre de 2017. Pero si los legisladores niegan el mecanismo por segunda vez, como podría suceder en este caso, la Constitución le da facultades al presidente para disolver el Congreso y convocar elecciones.
El exfiscal de la discordia
Vizcarra anunció la presentación de la Cuestión de Confianza luego de que el Congreso decidiera “archivar las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos”, según dijo en su mensaje televisado.
Chávarry, que fue duramente cuestionado en enero de este año por destituir a José Domingo Pérez, fiscal que investigaba los presuntos nexos entre Keiko Fujimori y Odebrecht, era acusado de tener vínculos con “Los cuellos blancos del puerto”, una organización criminal que, según la policía peruana, integraba una red de corrupción dentro de la Corte Superior de Justicia de la provincia de El Callao.
Sin embargo, la semana pasada una comisión del Congreso desestimó los cargos contra Chávarry y lo libró de una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos. “Esto es inaceptable y la ciudadanía lo ha expresado de manera contundente en múltiples oportunidades, sin embargo, parece que hay algunos que no quieren entender este mensaje y quieren seguir protegiendo a los corruptos”, manifestó Vizcarra, enfatizando en la urgencia de que el Congreso apruebe los proyectos anticorrupción.
La respuesta del exfiscal no se hizo esperar y ese mismo día declaró en el Congreso que en 2021, cuando termine su mandato, “Vizcarra será denunciado por posibles actos de corrupción. Por eso no me perdona”.
El exfiscal hacía referencia a una investigación que cursó contra el presidente desde que era gobernador de la provincia de Moquegua (2011-2014), por presuntos pagos irregulares al consorcio interventor de la obra de la represa Chirimayuni, por cerca de 9 millones y medio de dólares.
Por eso, este sábado Vizcarra hizo pública una carta que dirigió el pasado 24 de mayo a Walker Ríos Calisaya, fiscal segundo anticorrupción, comunicándole que renuncia a la inmunidad presidencial y que se pone a su disposición para ser investigado.
“Estoy dispuesto a presentarme ante su despacho cuantas veces fuera necesario, a fin de demostrar una vez más mi correcta participación en la función pública”, indica el presidente en la misiva.
En medio de este agitado panorama, el Congreso convocó al debate de Cuestión de Confianza para el próximo martes .