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Presidente de Guatemala, envuelto en otro escándalo
Un grupo de empresarios aceptó haber entregado recursos de manera anónima para “defender los votos” de Jimmy Morales.
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Esta es la tercera investigación que enfrenta el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por la financiación electoral. FOTO AFP
21 de abril de 2018
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Que la tercera sea la vencida y se haga justicia es lo que esperan los defensores de la moralidad pública de Guatemala y las autoridades que luchan contra la corrupción, luego de que un grupo de empresarios aceptó que financió, con 15 millones de quetzales –1,1 millón de dólares–, la campaña del presidente, Jimmy Morales, tras las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Dicen la tercera, porque Morales ya ha salido avante de dos intentos ante el Congreso, que buscaban retirarle su inmunidad para que pasara por la justicia y respondiera por procesos similares.
¿Qué pasó?
Paulina Paiz, Olga de Figueroa y Novaservicios, voceros de los empresarios involucrados, pidieron “excusas” por haberlo hecho y en una comunicación explicaron que en 2015 se vivía una situación “sin precedentes de inestabilidad e incertidumbre política, de cara al proceso electoral que además se veía amenazado por rumores de fraude durante los días de las votaciones”.
Asimismo, aclararon: “Con esa amenaza en mente, se decidió apoyar a Morales”. Al respecto, el Ministerio Público y la Cicig destacaron que “financiar un partido político no es lícito, siempre que se respeten los mecanismos establecidos legalmente, pero cuando se utilizan subterfugios para entregar financiamiento anónimo, no solo afecta la democracia, el sistema electoral, y se causan asimetrías respecto a otras opciones políticas, sino que esa conducta también constituye un delito”.
Aunque en el ambiente político han sido como “bien vistas” las “excusas” y el reconocimiento de la injerencia de los empresarios en la campaña, según Carmen Aída Ibarra Morán, directora del movimiento Projusticia, no es más que una lavada de manos, con el objetivo de salirle al paso a las investigaciones y evitar un escándalo mayor, que es lo que se ha buscado desde el propio gobierno, tratando de reducir las penas.
A su juicio, prefirieron dar la cara y asumir la responsabilidad para evitar capturas “de alto contenido mediático”, lo que afectaría directamente sus finanzas. Otra explicación que entrega Ibarra Morán y que tiene sentido con lo que sucedió, es que desde el Congreso se buscará que los castigos sean más laxos, teniendo en cuenta que el Código Penal de Guatemala establece que “se impondrá prisión de uno a cinco años al que mediante dádivas o ventajas tratare de inducir a un elector”.
Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, dejó claro que ahora adelantarán una petición para que al Frente de Convergencia Nacional –partido de Morales– lo cancelen desde el Tribunal Supremo Electoral, basado en las investigaciones realizadas.
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