El Reino Unido sigue atrapado de un torbellino rubio que comenzó el pasado 24 de julio: Boris Johnson, el primer ministro conservador que, en poco más de un mes en el cargo, ha forzado la democracia británica hasta donde ninguno de sus antecesores recientes se había atrevido con el objetivo de cumplir su principal y casi única promesa: el Brexit.
Johnson inauguró su mandato declarando la suspensión del Parlamento Británico durante 5 semanas, hasta el 15 de octubre; una medida necesaria, según su gobierno, para preparar una agenda Legislativa, pero que sus críticos interpretaron como un intento de sacar al Parlamento del juego y garantizar la salida de Reino Unido de la Unión Europea prevista para el 31 de octubre con o sin acuerdo.
Esa interpretación fue la asumida ayer miércoles por el Tribunal de Apelación de Edimburgo, en Escocia, el cual consideró “ilegal” la medida de Johnson y fue incluso más lejos al afirmar en el resumen del fallo que esta estuvo motivada por “el propósito inapropiado de obstaculizar el Parlamento”.
La decisión judicial contradice la tomada la semana pasada por el Tribunal Superior de Londres, que reiteró los poderes de Johnson para cesar al poder Legislativo, una medida que suele recaer en manos de la reina y que no era tomada por un primer ministro desde 1948, cuando Clement Attlee evitó por esta vía el control Legislativo a sus proyectos de nacionalización de las industrias del hierro y el acero.
La palabra definitiva, sin embargo, aún no ha sido tomada. Esta quedará en manos del Tribunal Supremo de Reino Unido, máxima instancia judicial de ese país que dirime las tensiones entre las cortes de los Estados que lo componen: Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, y el cual tiene programada para el próximo martes una sesión para analizar la legalidad de la suspensión.
Para Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Externado, la de Johnson puede interpretarse como una estrategia de todo o nada.
Consciente de que el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE alcanzado por su antecesora, Theresa May, fue rechazado en tres ocasiones en el Parlamento, Johnson decidió no arriesgar su promesa de un Brexit duro. “May hizo lo que han hecho el resto de primeros ministros: respetar el Parlamento. Johnson, en cambio, decidió plantarle cara”, afirma Piñeros.
Esa actitud confrontacional, no obstante, podría tener consecuencias. En el pulso con el Legislativo Johnson se juega, en caso de perder, su permanencia como primer ministro.
Dominic Grieve, uno de los 21 diputados conservadores expulsados del partido la semana pasada por votar en contra del primer ministro, esbozó esa posibilidad este miércoles.
Tras el fallo del tribunal escocés, señaló que, en caso de que se demuestre que el primer ministro no expuso sus verdaderas intenciones para suspender el Parlamento ante la reina –cuyo rol formal es aprobar las peticiones del mandatario de turno–, “sería el momento de que el señor Johnson dimitiera, y muy rápidamente”:
Ya sea a su regreso el 15 de octubre o antes, si los tribunales lo deciden, para Piñeros es probable que los parlamentarios intenten una moción de censura para destituir a Johnson. Se trata de un paredón al que sobrevivió Theresa May, pero cuyo resultado ante un primer ministro abiertamente enfrentado al Parlamento es incierto.
De momento, en esa medición de poderes, el legislativo ya dio su primer golpe. Antes de su cierre obligado el pasado martes alcanzó a aprobar una ley que obliga a Johnson a renegociar el acuerdo del Brexit con la Unión Europea y, en caso de fracasar, solicitar una prórroga que aplazaría la salida prevista para el 31 de octubre.
Sin embargo, la institucionalidad no está completamente blindada. José Ignacio López, director de investigaciones de Corficolombiana, señala que de alguna forma Johnson está siguiendo el ejemplo de Trump en Estados Unidos: aprovechando los vacíos de sistemas flexibles y regidos por normas tácitas que hasta ahora nadie se atrevía a transgredir.
Para Piñeros, no debe subestimarse el arsenal jurídico que prepara el primer ministro para imponer un Brexit sin acuerdo, sobre todo durante 5 semanas en las que las sillas del Parlamento permanecerían vacías
