“Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”, les dijo Donald Trump a sus seguidores en la mañana 6 de enero, quienes se encontraron para una protesta que él mismo convocó en Washington el pasado miércoles, momentos antes de que el legislativo se reuniera para ratificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.
El presidente saliente estaba en un atril, entre catorce banderas de los Estados Unidos y protegido por una barrera transparente que lo separaba de la multitud. A sus costados, pantallas con la proclama “Save America march” (marcha para salvar a América) y en frente una turba incontable que vestía gorras rojas y gritaba consignas en su nombre para “salvar la democracia”.
Ese encuentro fue el comienzo de la movilización que terminó en una toma de cuatro horas al Capitolio, de la que los congresistas, sus asistentes y hasta el vicepresidente Mike Pence tuvieron que salir escoltados por la Policía porque la Guardia Nacional no logró impedir el paso de los manifestantes que, rompiendo ventanas y escalando muros, llegaron hasta el edificio.
Convocatoria al caos
Elle Reeve, una periodista de CNN que entrevistó en la movilización a quienes acudieron al llamado, relata que estas personas se convocaron por redes sociales. No eran un solo grupo, sino diferentes facciones de asociaciones supremacistas blancas, neofacistas y seguidores de extrema derecha de Trump que, desde que el empresario-presidente estuvo en campaña desde 2016, acompañaron sus mitines.
QAnon es una de ellas. Uno de sus líderes se hace llamar Yellowstone Wolf, pero su nombre real es Jake Angeli e irrumpió en el Congreso portando cuernos de bisonte, con el rostro pintado de azul, rojo y blanco y con la bandera norteamericana en una lanza que hacía las veces de asta.
El Yellowstone Wolf que entró en el Senado de Estados Unidos sigue la teoría de la conspiración de QAnon, que asegura que hay un entramado contra Trump. Otro grupo cercano a ellos es Proud Boys, encabezado por Enrique Tarrio, Nick Ochs y otros que respaldan al mandatario. Tarrio, incluso, fue arrestado un día antes de las protestas.
“La responsabilidad principal de estos hechos recae sobre Trump, un presidente que en estos cuatro años ha alimentado una base que cree en teorías de conspiración y actúa de manera violenta. Él le dio las instrucciones al público para que marchara. Posiblemente no tenía la intención de que se desarrollara de esta forma, pero como líder del país es el primer señalado”, asegura David Castrillón, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado.
Castrillón dice que los medios de comunicación de derecha —que respaldan abiertamente al mandatario— fueron determinantes para mantener a flote esos pensamientos, además de los líderes de las asociaciones supremacistas, quienes financiaron viajes desde otras partes del país hasta Washington para participar en las movilizaciones en las que murieron cuatro personas.
El miércoles, cuando el caos avanzaba en la capital estadounidense, Trump pidió a sus seguidores dar un paso al costado, pero en el mismo mensaje volvió a mencionar que en los comicios del 3 de noviembre hubo un fraude y que, fue por ese motivo, que él no ganó la reeelección. Entonces, el país está en una polarización alentada desde la Casa Blanca que sigue sosteniendo que hubo irregularidades aunque ni la Corte Suprema, ni las fiscalías de los Estados, ni los observadores electorales hayan encontrando indicios de esta.
Las consecuencias
El senador del Partido Demócrata, Chuck Schumer, pidió un juicio político contra el mandatario, una destitución sin tiempo para prosperar cuando le quedan trece días en el poder. Facebook bloqueó la cuenta del mandatario de forma indefinida y Twitter también eliminó sus publicaciones.
“Esto trascendió a un ataque a las instituciones democráticas. Trump no es responsable de lo que hagan sus seguidores, pero lo que ocurrió esta vez es diferente porque él estaba en la manifestación y apuntó a las instituciones como su enemigo”, afirma Cristian Rojas, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.
Y, ¿por qué sucede esto en Estados Unidos? Rojas recuerda que la elección de Trump es resultado de la polarización, una división que el magnate profundizó desde su campaña y hasta las últimas horas de su mandato. En menos de dos semanas, el miércoles 20 de enero, él dejará el Despacho Oval para que un nuevo gobierno entre en funciones, pero la fractura profunda en la política perdurará.
¿Destitución a Trump?
Los legisladores demócratas pidieron al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que se haga un juicio político al saliente mandatario Donald Trump por la toma al Capitolio que protagonizaron sus seguidores el miércoles.
Sin embargo, ese reclamo se hace a escasos trece días de que el republicano deje la Casa Blanca, considerando que la juramentación de Joe Biden será miércoles 20 de enero, por lo que los legisladores tendrían que actuar contra el tiempo para sacar adelante un nuevo impeachment, el segundo que enfrentaría el presidente.
La petición fue hecha por la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y Chuck Schumer, el demócrata de mayor rango en el Senado. Estos reclaman a Pence activar la Enmienda 25 de la Constitución y destituir al presidente por los sucesos de la última semana. Y es que el propio Trump asistió a las movilización que se tomó el Congreso y alentó a los manifestantes a acercarse al lugar.
“Vamos a bajar caminando hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”, le dijo el mandatario a sus seguidores en Washington. “Si no peleas como el demonio, ya no vas a tener un país. Deja que los débiles se vayan. Esta es la hora de la fuerza”, agregó. Justamente, por declaraciones como esas sus opositores lo vinculan a las violentas protestas del pasado miércoles.
Existen dos figuras que se pueden aplicar en este caso. La primera, el juicio político o impeachment, es un proceso que ya vivió Trump en febrero de 2020 por la presunta interferencia con Ucrania para que ese país investigara a Joe Biden y su hijo Hunter Biden. El segundo camino es la Enmienda 25, que da al vicepresidente –en este caso Pence– la posibilidad de enviar una carta a la Cámara de Representantes y al Senado alegando la incapacidad para gobernar del gobernante.
Esa misiva debe ser firmada por más de la mitad de los integrantes del gabinete de la Casa Blanca y, una vez tramitada en el Congreso, el vicepresidente en funciones se convertiría en el presidente encargado del país, es decir, Pence. No obstante, Trump podría impugnar ese proceso.
La decisión de comenzar un nuevo juicio político contra Trump está en manos del vicepresidente y el gabinete saliente de la Casa Blanca. Recordemos que el miércoles Trump había pedido a Pence rechazar la votación del Senado que confirmaría el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre y este se negó a seguir sus órdenes de frenar la certificación de un nuevo mandatario.
Pence, incluso, criticó a los manifestantes que entraron por la fuerza al Congreso. “A quienes desataron hoy el caos en nuestro Capitolio: ustedes no han ganado. La violencia nunca gana. La libertad siempre gana. Y esta sigue siendo la casa del pueblo”, les dijo. Al final, el vicepresidente presidió la sesión para certificar el triunfo de Biden, junto a Pelosi.
La líder demócrata dice que, si el vicepresidente y su gabinete no acepta aplicar la Enmienda 25, “el Congreso puede estar preparado para seguir adelante con el juicio político (...) Esto es urgente, esta es una emergencia de la mayor magnitud”, agregó Pelosi. Para conseguirlo los demócratas tienen la mayoría en la Cámara, pero en el Senado hay un empate 50-50 de legisladores de ambos partidos.
Pero comenzar la destitución presidencial implica un proceso largo, que requiere investigaciones de los legisladores, recolección de pruebas e interrogatorios, hasta llegar al momento de la votación. Esto, en un contexto en el que le restan trece días en la Casa Blanca al mandatario, parece ser una misión difícil de cumplir.
“Es probable que el tiempo para una nueva impugnación no dé, pero acá pesa lo simbólico. Llevar a Trump a juicio estaría cargado de simbolismo. Incluso, si él entrega la presidencia, tendría que ir ante la justicia, dependiendo de cómo se dé la impugnación”, explica Alejandro Bohórquez Keeney, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana.
Este debate va más allá del periodo del mandato de Trump, ya que el mandatario estaría planeando un indulto presidencial para perdonarse a sí mismo. Esa figura le permitiría eludir posibles investigaciones en su contra que lleguen a manos de la justicia federal una vez deje el poder, sin embargo, no tendría efecto para casos de las fiscalías de carácter estatal.
El único presidente estadounidense que recibió un indulto fue Richard Nixon, pero este no se “autoperdonó”, sino que fue su vicepresidente Gerald Ford quien aplicó esa figura para favorecerle tras el escándalo del Watergate
