Si bien oposición y chavismo afirman que lo que ocurre en Venezuela en torno a la Ley de Amnistía solo le deja al país mayor enfrentamiento —solo parecen coincidir en eso—, no se ve por el momento alguna consecuencia política.
Tal como se preveía, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país vecino votaba en contra de la medida impulsada por la oposición, esta bancada sigue adelante con su objetivo prioritario de convocar a los venezolanos a un referendo revocatorio.
Entretanto, desde el exterior, Naciones Unidas condenó el bloqueo a la Ley de Amnistía opositora, al considerar que esta era acorde con la normativa internacional y no había motivos para frenarla.
“Estamos muy decepcionados por la decisión, sobretodo porque el gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos”, afirmó en rueda de prensa Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos.
Horas después, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, respondía en comunicado: “Zeid Ra’ad Al Husein (alto comisionado), pretende socavar la institucionalidad judicial en Venezuela y omite la visión de las víctimas de las guarimbas (durante marchas del 12-F)”.
¿Pero cómo recibió la oposición el fallo del TSJ? En diálogo con EL COLOMBIANO, Carlos Berrizbeitía, diputado a la Asamblea Nacional (AN), afirmó que la Mesa de la Unidad Democrática no tenía esperanzas: “para nosotros no es ninguna sorpresa. Ya la orden la había dado Maduro antes de que aprobáramos la ley. Dijo días antes que no iba a pasar. El Tribunal Supremo de Justicia está en manos del chavismo, como todos sabemos”.
Ya el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, afirmó en discurso que mientras la AN avanzaba en ese sentido, Maduro “cocinaba” una sentencia para declarar inconstitucional la ley.