Bloquean cuentas, bienes y salidas a la fiscal de Venezuela

Foscal de Venezuela, Luisa Ortega. Foto: EFE

El Gobierno venezolano logró que la justicia llamara a la fiscal general, Luisa Ortega, al banquillo de acusados el próximo martes, en medio de denuncias de un intento de golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al Gobierno, fijó la audiencia oral y pública para el 4 de julio a las 14H00 GMT, ante lo que le prohibió la salida del país y ordenó congelar sus cuentas y bienes, según un comunicado oficial.

También deberán comparecer el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de línea chavista, y el diputado oficialista Pedro Carreño, quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal.

Carreño la acusa de mentir al asegurar que no aprobó la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en 2015.

La decisión se enmarca en un recrudecimiento de la crisis política por las protestas opositoras que vive el país desde hace tres meses, y dejan 79 muertos, y las denuncias hechas por Maduro sobre un “ataque terrorista” como parte de una intentona golpista.

El gobierno asegura que el TSJ fue atacado el martes con cuatro granadas desde un helicóptero pilotado por un policía y actor, identificado como Óscar Pérez, un extraño caso que genera suspicacias entre opositores y analistas.

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La aeronave de la policía científica CICPC fue encontrada ayer en la población de Osma, cerca de Caracas, informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, sin reportar capturas.

“Parece que todo el país es terrorista (...) Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado” mediante sentencias del TSJ y acciones represivas contra las protestas, afirmó este miércoles la fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional.

¿Trama oficialista?

Maduro vincula al complot a su exministro de Interior y general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, quien según el presidente tuvo a Pérez como piloto. A ambos los señala de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).

“Los militares retirados no dan golpes”, se defendió Rodríguez Torres.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no descarta que todo pueda tratarse de un montaje del gobierno. “Sea lo que sea es gravísimo”, dijo Julio Borges, presidente del Legislativo.

La experta en temas de defensa Rocío San Miguel descartó “un alzamiento militar” en Venezuela.

“Es posible que lo del helicóptero sea organizado por el gobierno, ya sea para distraer la atención (...) o provocar una reacción de las filas medias para continuar purgando fuerzas de seguridad”, comentó a la AFP Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, con sede en Londres.