La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, publicó este miércoles su informe de seguimiento del caso de Venezuela I en ese tribunal internacional. En el documento, la máxima autoridad en materia de justicia del mundo afirmó que hay evidencias para considerar que en el país se cometieron crímenes contra los Derechos Humanos en los que estarían involucrados actores del gobierno de Nicolás Maduro y de sus fuerzas de seguridad.
En el reporte Bensouda afirma que “la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”. Además, trazó un plazo de seis meses para determinar si habría complicidad directa de personalidades del Estado en esas conductas que han sido denunciadas por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos, entre otros.
El proceso sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, en los que podría estar vinculado el Ejecutivo de Nicolás Maduro, comenzó el 8 de febrero de 2018, después de que un grupo de países, entre los que está en Colombia, remitiera una denuncia formal contra el régimen pidiendo a la fiscal investigar posibles delitos que habrían ocurrido desde el 12 de febrero de 2014, cuando comenzaron las movilizaciones contra Maduro.
Hasta ahora la documentación que ha estudiado el equipo de Bensouda analiza casos que habrían comenzado en 2017, pero su oficina no descarta que durante la pesquisa se encuentren casos anteriores a ese año, cuando se presentó la segunda gran ola de manifestaciones contra el régimen chavista. La anterior a esa fue en 2014, justo después de la muerte del exmandatario Hugo Chávez y de las elecciones que llevaron al poder a Maduro.
La pesquisa actual se ha centrado en el trato hacia las personas detenidas y no descarta otras conductas que puedan encontrarse en el marco de la investigación. El documento que presentó la CPI este lunes dice que “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
Entre los presuntos responsables de esas conductas están la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Todos estos son organismos de seguridad del Estado.
El documento de la CPI señala que la información que ha recolectado la fiscal muestra que individuos a favor del Gobierno participaron en la represión a opositores al régimen. Ese reporte asegura que estos actúan en complicidad con miembros de las fuerzas de seguridad el Estado. En febrero de este año un integrante de un colectivo paramilitar de Venezuela relató a EL COLOMBIANO cómo funcionan las conexiones entre esos grupos al margen de la ley y los organismos de seguridad del régimen.
En el marco de esta investigación la fiscal Fatou Bensouda se reunió en noviembre con el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, y al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Vale anotar que Saab está señalado por Estados Unidos como uno de los cabecillas del Cartel de los Soles, un grupo narcotraficante que actúa desde el país vecino y que estaría integrado por los altos mandos del gobierno de Maduro, incluido el propio presidente y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Las pesquisas sobre las presuntas actuaciones en las que habría incurrido el régimen de Nicolás Maduro comenzó en febrero de 2018 con un examen preliminar que abrió la CPI. Luego, en septiembre de ese mismo año, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú enviaron una remisión a la Corte en relación con la situación del país vecino. Esas supuestas conductas son investigadas por el tribunal internacional en tanto Venezuela es un Estado adscrito al Estatuto de Roma, lo que abre la puerta a que la CPI tenga competencia para este proceso. No obstante, el proceso de investigación podría tardar años hasta dar con un responsable directo y una sentencia oficial.
Zair Mundaray, quien fue fiscal en Venezuela entre 1994 y 2017, afirma que “no es lo mismo decir que en un país se violentan derechos humanos a asegurar que se cometen crímenes de lesa humanidad. Este informe de la CPI le da un peso al régimen de criminal y a todos sus principales líderes”. Mundaray, quien actualmente es consultor político de la Embajada de Venezuela en Colombia, dice que, si bien el tribunal fijó un plazo para su pesquisa, “esas conductas siguen ocurriendo”.
El caso de Venezuela I está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares III de la Corte Penal Internacional. Hay otro proceso (Venezuela II) que también está en revisión preliminar de ese tribunal, que consiste en la demanda que interpuso el régimen de Maduro a las sanciones internacionales que ha recibido por parte de Estados Unidos.
