La muerte del concejal opositor Fernando Albán desató este martes una ola de acusaciones contra el Gobierno venezolano por tratarse de un considerado “preso político” que estaba bajo custodia de las autoridades.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso.
La primera instancia internacional en pronunciarse al respecto fue la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU al indicar que investigará este suceso ocurrido el lunes pasado dentro de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
La portavoz de la oficina, Ravina Sahmadasani, explicó en rueda de prensa desde Ginebra que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los asuntos que incluirá la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos que realizará la entidad.
Luego, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó a Caracas a llevar a cabo una investigación “rigurosa e independiente”.
“Es el deber del Estado garantizar la seguridad e integridad física de todas las personas en custodia, así que ahora esperamos una investigación rigurosa e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte” de Albán, indicó en un comunicado una portavoz de Mogherini.
En el ámbito internacional también gobiernos como los de Estados Unidos, Brasil y España sumaron votos para que se permita esclarecer este hecho y determinar responsabilidades, siempre resaltando que se trata de la muerte de alguien que estaba bajo custodia del Estado.
No creen en la versión oficial
En Venezuela, la Conferencia Episcopal (CEV) pidió que se aclaren los hechos.
Los obispos venezolanos señalan que las dudas se producen porque “todo detenido está bajo resguardo de los órganos de seguridad del Estado quienes se hacen responsables de su integridad física”.
El legislador Juan Miguel Matheus aseguró que Albán fue víctima de torturas “con asfixia mecánica con una bolsa en la cara, por inmersión en un barril de agua, pretendiendo ahogarlo, y con electricidad (...) y en eso perdió la vida, en eso murió”.
“Después de asesinarlo pretendieron simular suicidio como forma de derrotarlo, como forma de derrotar su conciencia, y lanzaron el cuerpo sin vida desde el piso décimo”, añadió Matheus en medio de una sesión en la que el Parlamento rindió este martes homenaje al concejal.
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La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, responsabilizó al Gobierno del “homicidio” de Albán y pidió a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte.
El Legislativo solicitará “a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” de la ONU, Michelle Bachelet; al Comité de Derechos Humanos de la organización y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, “la designación de expertos independientes que participen en la investigación” del caso.
La Asamblea Nacional expuso que existen “contradicciones” entre las versiones del fiscal general, Tarek Saab, y del ministro de Interior, Néstor Reverol, sobre cómo murió el concejal que fue detenido el viernes pasado al llegar a Venezuela procedente de EE.UU. y acusado de estar implicado en el fallido atentado contra Maduro del pasado 4 de agosto.
