En distintos países de la región, e incluso en la misma Venezuela, donde la oposición celebró, fue recibida con beneplácito la decisión de Panamá de anexar a 55 chavistas en su lista de beneficiarios finales políticamente expuestos (PEP) al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) emitió dos resoluciones en esa vía, según indicó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).
La primera resolución, la 01-018, establece en general que Panamá adoptará los mandatos existentes sobre prevención de actos de terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU, así como todos los que se emitan en el futuro —sea contra beneficiarios de cualquier país—.
La Comisión se comprometió a recopilar y publicar en Panamá la lista de personas condenadas por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y por la proliferación de armas de destrucción masiva que tengan presencia financiera en ese país. Se hará referencia a quienes hayan sido sancionados o condenados en EE. UU, Canadá y Reino Unido.
La segunda resolución, la 02-018, recomienda a entes financieros y no financieros adoptar procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas con personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean, o pudieran estar políticamente expuestos por estos motivos.
De inmediato fue publicado por la CNBC el listado de 55 venezolanos que al parecer cumplían con los requisitos y que de ahora en adelante deben ser sujeto de supervisión financiera reforzada si quieren hacer movimientos de dinero en Panamá. En esa lista está incluido el presidente Nicolás Maduro.
